En Tucumán hay pleno empleo. La pobreza desaparece a pasos agigantados. Y hasta el consumo es tan alto que ni los principales aglomerados urbanos del país le llegan a los talones. Todo esto en base a los datos que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ya nadie puede sentirse que está por debajo de la línea de pobreza y, por lo tanto, ha renacido una clase media que, después de la debacle de fines de 2001, había sido la escala social que más pagó los platos rotos del modelo. Claro está que a los pobres les costó más cambiar su condición. Y aún ahora, la disminución de ese flagelo responde más a los subsidios estatales que a la generación de fuentes genuinas de empleo. En ese contexto, de una mayor sensación de bienestar, el Poder Ejecutivo toma con tanta naturalidad las medidas para actualizar los valores de las propiedades, de los vehículos y hasta de la actividad económica. Lo está haciendo, con más fuerza, cada dos años, justo después de las elecciones. Y el principal destinatario de estas acciones suele ser la clase media que, de acuerdo con algunas proyecciones privadas, ocupa entre el 45% y el 55% de la sociedad tucumana, con sus distintos matices.

"Hay que cuidar el peso; hay que tener precaución, sin fallarle a la gente, haciendo obras", afirmó ayer a la prensa el gobernador José Alperovich, presagiando un 2012 distinto para el erario, más ajustado, y con demasiada incertidumbre financiera. Por eso, aceleró las medidas consideradas impopulares como el incremento del 37% del impuesto Inmobiliario o los cambios en los valores mínimos de los tributos que comenzarán a regir desde el primer día del nuevo año. Sin embargo, el presupuesto sigue creciendo exponencialmente hasta rozar los $ 14.000 millones en 2012. En un ejercicio comparativo, esto equivale a decir que cada tucumano debe aportar algo más de $ 9.700 anuales para sostener al aparato estatal provincial. Sirva también de ejemplo que las erogaciones corrientes (gastos de funcionamiento) han crecido en el último año cerca del 50%, mientras que las de capital (obras) sólo crecerán en torno de un 7%. Nada más. En otras palabras, se sinceró algo que no se podía informar por aquello de la Responsabilidad Fiscal, una norma que hasta fines de año estará suspendida en su ejecución. Tantas erogaciones deben financiarse de alguna manera, y el recorte de partidas no es el suficiente como para desacelerar el ritmo del gasto. Frente a las cifras presupuestarias, es natural que los expertos y los empresarios se quejen, en las reuniones habituales de fines de año, que el Gobierno apela a recaudar más por el lado del contribuyente, que a ajustar partidas del sector público.

Distintos estudios fiscales demostraron que el ciudadano (particularmente de clase media, que tiene una casa, un auto y tal vez una PyME) destina cuatro de cada $ 10 de sus ingresos para hacer frente a tantas obligaciones tributarias. Un trabajador asalariado formal en Argentina deberá trabajar entre unos 170 y 184 días para el Estado en 2011, en función de cuáles sean sus ingresos (y siempre teniendo en cuenta que se está hablando de la carga tributaria legal), advirtió durante el primer semestre un estudio realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Y la carga tributaria sigue creciendo. De allí la preocupación del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán que se quejó por el hermetismo oficial en avanzar sobre los cambios a la Ley Impositiva y al Código Tributario. Si hay más presión, lo saludable sería que el Estado informe detalladamente el destino del dinero que contribuyen los tucumanos. No sorprenderá, entonces, que la primera respuesta del Gobierno será que todo va a Rentas Generales y que de allí se cubren las necesidades de gastos.