Es difícil saber, a ciencia cierta, cuántos millones discrecionales recibió Tucumán durante la gestión kirchnerista de los últimos ocho años. Pero fue mucha plata. Tanta que el gobernador José Alperovich se atreve a mostrar, como resultados, una sensible disminución de la pobreza, del 50% de los hogares en esas condiciones al segundo semestre de 2003, cuando tomó las riendas de la provincia, al 6% del primer semestre de este año, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). ¿Y por qué es relevante ese dato? Sencillamente porque las generosas transferencias discrecionales kirchneristas se destinaron a darle soluciones habitacionales a la población más vulnerable del Gran San Miguel de Tucumán. Y también la asistencia social estatal. Y los planes Argentina Trabaja.

En sus primeros mandatos, Alperovich aprendió a ser un alumno aplicado de la Casa Rosada. Primero con Néstor Kirchner y ahora con Cristina Fernández. En ningún momento hizo reclamos públicos sobre fondos a la Nación. Y el kirchnerismo le cumplió lo prometido. Tucumán está entre los tres distritos más favorecidos por la distribución del dinero discrecional. El ministro de Economía, Amado Boudou, le dio este año otra mano: una asistencia financiera extra para compensar el mayor gasto salarial; una suerte de Plan de Financiamiento Ordenado sin convenios en el medio. Alperovich pagó con votos los favores recibidos. Y se alineó definitivamente a un proyecto de continuidad política. La disciplina política con favores políticos, claro está, no fue patrimonio exclusivo del kirchnerismo. Antes, durante le menemismo, también los gobernadores recibían dinero extra con los famosos Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Nadie sabe a ciencia cierta qué sucederá con estas partidas discrecionales el año que viene. Si bien se proyectaron algunas promesas de obras públicas en el proyecto de Presupuesto Nacional 2012, lo único seguro que tienen las provincias es la distribución del 30% del Fondo Federal Solidario, la plata de la soja. Con esas partidas, los gobernadores aplicarán la misma receta que cocina el Gobierno nacional: sostener el poder político en territorios municipales y la potestad para direccionar las obras. De eso se trata la discrecionalidad.