El intendente no se pone colorado a la hora de mandar a su personal a desalojar a los ambulantes del microcentro. Lo hizo ayer; dice que lo hará hoy y tal vez en los días sucesivos. Domingo Amaya habla con los empresarios que se quejan, desde al menos hace cuatro décadas, por la competencia desleal. Los ambulantes le ponen un puesto justo en las narices y hasta venden productos del mismo rubro. Hay decisiones judiciales que ordenan el desalojo, pero es poco lo que se hace. Puertas adentro, algunos empresarios comentan que hay áreas oficiales que son más permisivas que otras y más flexibles al momento de tomar decisiones. El centro es prácticamente una "salada", dicen los hombres de negocios.

El espejo social le devuelve al Gobierno una imagen distorsionada e inquietante para ellos: el cuentapropismo es el único camino que le queda a miles de familias que le escapan a la desocupación. Y existió siempre, más allá de que los índices oficiales digan que el desempleo ha bajado con fuerza.

El intendente sí se pone colorado cuando hay empresarios que se rasgan las vestiduras frente a la proliferación de puesteros cuando -entre ellos mismos- saben quiénes son los proveedores y hasta quiénes le ceden espacio a los ambulantes para guardar la mercadería por las noches. Sin embargo, no se ruboriza cuando le comentan que hay inspectores que se extralimitan en sus funciones. Y, hasta en algunos casos, son permisivos con la competencia desleal.

El Gobierno provincial, a su vez, amaga con una campaña masiva de concientización -en coordinación con los empresarios- para erradicar la venta ilegal de Tucumán, esa que mueve casi $ 4.000 millones al año, según las estimaciones oficiales.

Hay culpas compartidas, incluso hasta del peatón que fomenta la actividad. Nadie debe sacar los pies del plato. Ni el que debe cumplir la orden judicial, ni el que tiene que asegurar una salida laboral u otro espacio para contener tanto cuentapropismo.