El Estado guarda los papeles

Por Carlos Páez de la Torre H 11 Junio 2011

En 1889, el gobernador Lídoro J. Quinteros resolvió que la documentación judicial, notarial y administrativa se guardaría en una nueva repartición, denominada Archivo General de la Provincia. Buscaba de esa manera organizar el caos existente en esa particular materia.
El Archivo se formaría con los protocolos de los escribanos, con los expedientes archivados "en secretarías y demás oficinas de actuación o registro de la provincia", con los protocolos de poderes de los jueces de distrito y con "los documentos y antecedentes de las diversas oficinas y de la Administración, dependientes del Poder Ejecutivo". Notarios y oficinas sólo podían conservar, en sus despachos, los papeles de los últimos dos años.
Expresaba con todo acierto Quinteros, que organizar un archivo en la forma propuesta era "una indiscutible necesidad de orden administrativo y seguridad pública". En efecto, decía, actualmente "los expedientes que se han firmado en los Tribunales quedan en poder de los actuarios, como los protocolos de los escribanos en los registros de estos". Y sucedía que "por su naturaleza, estos documentos son públicos, y en todo tiempo su conservación, como arreglo, se ha confiado a la custodia de la autoridad". Agregaba que "igual consideración cabe para los documentos que provienen de la Administración, los cuales permanecen en la actualidad en las diversas reparticiones que la componen".
La ley fue sancionada bajo la administración del doctor Próspero García, quien la promulgó el 28 de enero de 1892.