"Vamos bien; hay que seguir cuidando la plata". La frase sobrevuela en el pensamiento de la principal cabeza del Gobierno. Pero el verdadero desenvolvimiento de las finanzas públicas tucumanas sólo se circunscribe a ese círculo de poder. Pocos datos son públicos. Los estados contables de Tucumán son, en esas circunstancias, un secreto de Estado. Por caso, la ejecución presupuestaria -la descripción sobre lo que ingresó al erario y lo que se gastó- sigue estancada en diciembre de 2010. Nada se sabe aún sobre cómo se asignó el gasto durante el primer trimestre.
En cambio, más palpable son los anuncios oficiales acerca del aumento del nivel de recursos. Los ingresos fiscales (nacionales y provinciales) están creciendo a un ritmo superior al 35%. Más allá del componente inflacionario, este porcentaje da la sensación de que la gestión del gobernador José Alperovich vive con holgura y no tiene problemas para llegar a fines de mes. El Estado paternalista ha cedido a la presión de las fuerzas policiales que reclamaron una asignación mayor en sus remuneraciones porque la inflación les carcome el bolsillo. Y el gobernador accedió al pedido, aunque algo magullado por la intestina lucha negociadora con los uniformados. Esta semana, sin embargo, el Estado observó que otro de sus hijos -la salud- le protesta en la cara y se anima a tirarle huevos y naranjas en la misma ventana del despacho gubernamental. Se trata de un punto de agitación extrema que ha llegado a esas circunstancias porque los negociadores oficiales no supieron encarrilar la demanda de la sanidad. Muchos dicen que se politizó la protesta, pero no toman en cuenta las cadenas de e-mail y de mensajes de texto de médicos y de personal de la salud que implora a sus pares y a la comunidad para que participen en las marchas porque, afirman, su reclamo es tan justo y atendible como el que efectuaron los policías.
El Gobierno gastará $ 13.000 millones este año y aún no se sabe si el gran peso de esa asignación se concentrará hasta antes de que finalice agosto y si, después, se vendrá un período de ajuste o ahorro del gasto público. Las elecciones provinciales pueden marcar el ritmo a la evolución de las erogaciones.
Bendita deuda
La deuda pública es una preocupación de corto plazo para esta gestión. Sucede que el período de gracia se acaba el 31 de diciembre y, desde el primer día de 2012, habrá que remar política y económicamente para contener las futuras demandas salariales. Con tamaño presupuesto, alcanzan y sobran los dineros para cubrir los $ 98 millones de deuda que se vencerán antes del cierre del actual ejercicio.
Lo que viene parece no ser tan sencillo. Sobre una deuda pública declarada por la Provincia ante la Nación por unos $ 3.931 millones, casi $ 2.800 millones han ingresado en el mentado Programa Federal de Desendeudamiento. Y eso, en buen romance, significa menos margen de maniobra política en lo que sería el tercer mandato de Alperovich. Si bien se trata de un plan a 20 años de plazo, nada es tan seguro de que la Casa Rosada mantendrá las condiciones pactadas más allá del 23 de octubre, cuando se sepan los resultados de las elecciones presidenciales.
Lo malo de preservar la mayor parte de los datos financieros como secretos de Estado (resulta difícil saber cuánto es el superávit acumulado en los años de bonanza, por ejemplo) es que la sociedad siga poniéndole un signo de interrogante a la manera de gestionar lo que se contribuye a través de los impuestos.
En cambio, más palpable son los anuncios oficiales acerca del aumento del nivel de recursos. Los ingresos fiscales (nacionales y provinciales) están creciendo a un ritmo superior al 35%. Más allá del componente inflacionario, este porcentaje da la sensación de que la gestión del gobernador José Alperovich vive con holgura y no tiene problemas para llegar a fines de mes. El Estado paternalista ha cedido a la presión de las fuerzas policiales que reclamaron una asignación mayor en sus remuneraciones porque la inflación les carcome el bolsillo. Y el gobernador accedió al pedido, aunque algo magullado por la intestina lucha negociadora con los uniformados. Esta semana, sin embargo, el Estado observó que otro de sus hijos -la salud- le protesta en la cara y se anima a tirarle huevos y naranjas en la misma ventana del despacho gubernamental. Se trata de un punto de agitación extrema que ha llegado a esas circunstancias porque los negociadores oficiales no supieron encarrilar la demanda de la sanidad. Muchos dicen que se politizó la protesta, pero no toman en cuenta las cadenas de e-mail y de mensajes de texto de médicos y de personal de la salud que implora a sus pares y a la comunidad para que participen en las marchas porque, afirman, su reclamo es tan justo y atendible como el que efectuaron los policías.
El Gobierno gastará $ 13.000 millones este año y aún no se sabe si el gran peso de esa asignación se concentrará hasta antes de que finalice agosto y si, después, se vendrá un período de ajuste o ahorro del gasto público. Las elecciones provinciales pueden marcar el ritmo a la evolución de las erogaciones.
Bendita deuda
La deuda pública es una preocupación de corto plazo para esta gestión. Sucede que el período de gracia se acaba el 31 de diciembre y, desde el primer día de 2012, habrá que remar política y económicamente para contener las futuras demandas salariales. Con tamaño presupuesto, alcanzan y sobran los dineros para cubrir los $ 98 millones de deuda que se vencerán antes del cierre del actual ejercicio.
Lo que viene parece no ser tan sencillo. Sobre una deuda pública declarada por la Provincia ante la Nación por unos $ 3.931 millones, casi $ 2.800 millones han ingresado en el mentado Programa Federal de Desendeudamiento. Y eso, en buen romance, significa menos margen de maniobra política en lo que sería el tercer mandato de Alperovich. Si bien se trata de un plan a 20 años de plazo, nada es tan seguro de que la Casa Rosada mantendrá las condiciones pactadas más allá del 23 de octubre, cuando se sepan los resultados de las elecciones presidenciales.
Lo malo de preservar la mayor parte de los datos financieros como secretos de Estado (resulta difícil saber cuánto es el superávit acumulado en los años de bonanza, por ejemplo) es que la sociedad siga poniéndole un signo de interrogante a la manera de gestionar lo que se contribuye a través de los impuestos.







