Que los vecinos de los cuatro barrios en disputa necesitan la atención del Estado es una realidad tan clara como que la Legislatura improvisa según los espasmos de los referentes territoriales del alperovichismo.

Porque en el oficialismo todo el tiempo se miden fuerzas. Y la pelea dirigencial barrial acaba por trasladarse a lo institucional. La concepción política local en nada tiene que envidiarle a la de los barones del conurbano. Cada dirigente cuida su espacio y lo riega como una plantita para que le dé los frutos electorales. Y los legisladores no son la excepción. Cada uno alambra su zona y edifica allí su poderío político. Se atrincheran: gestionan las cuadrillas municipales, la visitas sanitarias o la presencia del Registro Civil. Hasta construyen un ejército propio con los planes sociales. Es su base de sustentación y la raíz de la violencia que cada tanto brota en el PJ como las aguas servidas en las calles de los barrios hoy manoseados.

Por eso desconfían unos de otros. Se miden, se boicotean y luego se corporativizan. Como ahora. Alperovich lo pidió y los que dijeron que no, hace una semana, dirán ahora que sí. Porque lo que está en juego, en definitiva, es la subsistencia del método más primitivo de hacer política.