03 Diciembre 2010
El interventor del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), Regino Racedo, debe emitir dictamen por una denuncia sobre el manejo económico de la cooperativa 9 de Julio. Esta realiza la limpieza de los hospitales de la capital Maternidad, de Niños y Padilla, y de Burruyacu, de Trancas y de Tapia.
Según algunos socios, patrocinados por el abogado Bernardo Lobo Bugeau, desde hace años "la cooperativa no es administrada de modo transparente". El letrado precisó que, además de haber realizado planteos en el Ipacym, se formuló una denuncia penal ante la Justicia. La causa, que se encuentra en etapa de investigación, se tramita en la Fiscalía VIIª (a cargo de Arnoldo Suasnábar). Las involucradas son Teresa Antonia Ahumada (presidenta de la cooperativa), Alejandra Monteros de Sánchez (tesorera) y Blanca Roja (secretaria). "Dos auditorías dan cuenta de irregularidades", dijo Lobo Bugeau.
Agregó que presentaron un recurso jerárquico al Ipacym, para que se acelere la resolución. En este nuevo planteo se afirma que la auditoría demostró que se realizaron extracciones de cuentas bancarias hacia la cuenta caja, pero que "los montos involucrados escapan a cualquier justificación". Además, se enumeran otras presuntas anomalías. "Sorprende la mora del Ipacym en ver la situación de la cooperativa; la interpretación vulgar de estos informes es que están vaciando la cooperativa", dijo el letrado. LA GACETA se comunicó con Monteros. Aunque decidió no hacer declaraciones, dijo que la mayoría de los socios aprobó el balance.
"Las cooperativas deben tratar el balance una vez al año; allí, los socios pueden cuestionarlo y, eventualmente, desaprobarlo", dijo Racedo a LA GACETA. "El planteo era que la cooperativa tenía déficit; no sancionamos una cooperativa porque le vaya mal. A veces se confunde y se cree que el Ipacym puede actuar en cualquier caso; pero cuando se sugiere un delito, se debe ir a la Justicia", afirmó.
Sobre el recurso jerárquico, precisó: "lo rechazamos, porque fue presentado antes de que se resuelva el primer planteo. Nosotros resolveremos este y luego, si no están conformes, ahí tendrán derecho de elevar un recurso jerárquico".
Según algunos socios, patrocinados por el abogado Bernardo Lobo Bugeau, desde hace años "la cooperativa no es administrada de modo transparente". El letrado precisó que, además de haber realizado planteos en el Ipacym, se formuló una denuncia penal ante la Justicia. La causa, que se encuentra en etapa de investigación, se tramita en la Fiscalía VIIª (a cargo de Arnoldo Suasnábar). Las involucradas son Teresa Antonia Ahumada (presidenta de la cooperativa), Alejandra Monteros de Sánchez (tesorera) y Blanca Roja (secretaria). "Dos auditorías dan cuenta de irregularidades", dijo Lobo Bugeau.
Agregó que presentaron un recurso jerárquico al Ipacym, para que se acelere la resolución. En este nuevo planteo se afirma que la auditoría demostró que se realizaron extracciones de cuentas bancarias hacia la cuenta caja, pero que "los montos involucrados escapan a cualquier justificación". Además, se enumeran otras presuntas anomalías. "Sorprende la mora del Ipacym en ver la situación de la cooperativa; la interpretación vulgar de estos informes es que están vaciando la cooperativa", dijo el letrado. LA GACETA se comunicó con Monteros. Aunque decidió no hacer declaraciones, dijo que la mayoría de los socios aprobó el balance.
"Las cooperativas deben tratar el balance una vez al año; allí, los socios pueden cuestionarlo y, eventualmente, desaprobarlo", dijo Racedo a LA GACETA. "El planteo era que la cooperativa tenía déficit; no sancionamos una cooperativa porque le vaya mal. A veces se confunde y se cree que el Ipacym puede actuar en cualquier caso; pero cuando se sugiere un delito, se debe ir a la Justicia", afirmó.
Sobre el recurso jerárquico, precisó: "lo rechazamos, porque fue presentado antes de que se resuelva el primer planteo. Nosotros resolveremos este y luego, si no están conformes, ahí tendrán derecho de elevar un recurso jerárquico".
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