Empleomania judicial

Al hablar de las designaciones en el poder judicial parece inevitable la visión que censura al nepotismo desde la ética. Tradición vernácula o abuso de poder, lo cierto es que las designaciones hechas por los vocales a lo largo de los años para cumplir compromisos personales contraídos en otros ámbitos (académicos, familiares, deportivos, etc.) colocando a parientes, e hijos de amigos, políticos y jueces en lugares en los que podría desempeñarse cualquier ciudadano con sólo demostrar su idoneidad en un concurso, muestra la escasa vocación democrática de este poder del Estado, y el poco interés por elevar los estándares de formación de su personal. Quizás pueda explicarse porque es el único que no se integra mediante el voto popular directo. Como sea, cada uno de los miembros de la Corte (y cada magistrado) tuvo y tiene la enorme responsabilidad de mejorar las instituciones de la democracia haciendo todo lo posible a su alcance para que los ciudadanos puedan acceder igualitariamente a los cargos públicos mediante concursos. Si bien los jueces son parte de una sociedad que les exige bastante poco, el desempeño de la magistratura -y el juramento prestado al asumirla- los obliga en mayor medida que a cualquier otro ciudadano: la Patria se los demanda. Pero considero que es un error enfocar las críticas sólo desde la moral republicana: ninguno de los vocales de la Corte (y muy pocos jueces inferiores) parece estar realmente decidido a generar cambios significativos en materia de gestión, situación que se agrava en el fuero penal. Aumentar un tercio el personal de base que cumple funciones rutinarias de escaso valor agregado en los procesos es un dispendio de recursos y error evidente, porque el ?cuello de botella? se produce en el momento en que el juez  es irremplazable. Lo demuestra el fracaso del doble turno ensayado antes en cinco fueros. En las recientes Jornadas sobre Ministerio Público se ha concluido que la sobrecarga de tareas no se soluciona con la asignación de más recursos, sino con cambios en la organización y en los métodos de trabajo. Las experiencias comparadasmuestran que con el mismo presupuesto se puede mejorar la gestióndesarrollando totalmente la etapa de instrucción penal por medio de audiencias orales, solución adoptada en varias provincias y en casi toda América Latina; eliminar el expediente escrito -que permite a los magistrados delegar funciones en relatores, secretarios y empleados-, desformalizar la investigación fiscal y utilizar criterios de oportunidad, son herramientas que permiten descomprimir los tribunales. Tarde o temprano habrá que tomar una decisión: la Corte  puede reorganizar el fuero penal de Tucumán en forma inteligente y liderar los cambios en el NOA, o esconder la cabeza en la arena como el avestruz.

Carlos Díaz Lannes - Director de la Fundación Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad.