La plata en el bolsillo disimula la inflación, un término prohibido en Tucumán. La provincia arrastró, el mes pasado, un aumento sostenido de precios de entre un 2% y un 2,5%. Claro que sólo esto puede calcularse mediante mediciones oficiosas, no las del Indec, porque para ese organismo sólo vale la que se realiza en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. El federalismo estadístico puede resultarle caro a la gestión de la presidenta Cristina Fernández. Pese a que puede contar con los datos que se recolectan en los principales aglomerados urbanos, el Indec prefiere mirar al costado y esgrimir que no están dadas las condiciones para elaborar un Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional. La realidad es que los datos provinciales pueden contrastar con mucha fuerza respecto de lo que se mide cerca de la Casa Rosada que, en octubre, ha marcado tan sólo una variación del 0,8%.
Tucumán es una tierra de elevado consumo. Y no porque haya elevados sueldos, sino porque su población es muy propensa al gasto. Algunos empresarios nacionales y de compañías multinacionales con sucursal en esta ciudad han realizado estudios de mercado que, al menos, el tucumano gasta dos sueldos y medio a cuenta y luego lo paga en amplias cuotas. Los mismos sondeos le permitieron establecer que, el gasto promedio per cápita, supera los $ 550 mensuales.
Asalariados del sector público y también del privado; jubilados que necesitan llegar a fines de mes, comprando los medicamentos; beneficiarios de subsidios estatales, que quieren mejorar su condición y ahora hasta estudiantes universitarios. Todos caen en la rueda del consumo. Se calcula que sólo en Tucumán hay más de medio millón de tarjetas de crédito en circulación, con un gasto promedio de $ 330 mensuales. Las empresas emisoras tratan de fidelizar a esa enorme cartera de clientes.
Se estima que el sector privado hay unos 160.000 trabajadores, de los cuales sólo el 2% ocupan una posición jerárquica (nivel de gerencia). Los salarios no son tan competitivos como en otras regiones del país. Tucumán ostenta el triste privilegio de ser la segunda provincia argentina con el salario de bolsillo más bajo (promedio de $ 2.477). Sin embargo, hay propensión al gasto, como también en el caso de los 60.000 beneficiarios de distintos planes sociales, financiados por el Estado.
Montado en el crecimiento de la economía nacional, en los últimos años se generaron entre 12.000 y 15.000 nuevos puestos laborales en las empresas instaladas en la provincia, de acuerdo con los datos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Posición dominante
Sin embargo, si se analiza al mercado laboral por rama de actividad, el sector público sigue ocupando en Tucumán una posición dominante. De acuerdo con los últimos datos oficiales, a fines de 2009, para el Estado provincial trabajan 69.766 agentes. Eso es lo que declaró la gestión del gobernador José Alperovich ante el Ministerio de Economía de la Nación. Esto implica que hay 47 empleados por cada 1.000 habitantes en la provincia. Sólo durante la gestión Alperovich la cifra de estatales ha crecido en más de 20.500 puestos, según los datos oficiales. Por caso, a fines de 2003, la planta ocupada en Tucumán era de 49.065 personas. Claro que en el medio de este incremento de trabajadores (oficialmente se argumentó que creció la dotación en salud, en educación y en el interior de la provincia) hubo oscilaciones respecto del comportamiento del mercado laboral estatal. En 2006, después de las elecciones el número de agentes públicos subió a 67.255 casos (casi en la misma relación que en la actualidad) y al año siguiente bajó en 4.000 cargos. De allí se incrementó a razón de 3.000 puestos por año.
El sector público sigue teniendo un peso preponderante en la actividad económica. Por caso, ocupa casi el 30% del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial, un porcentaje que va en aumento paulatino respecto de sectores más oscilantes, como el azucarero o el citricultor.
El Estado confirma para 2011 esta tendencia. Prevé gastar casi $ 10.000 millones para sostener el aparato del sector público de una economía que, en 2009, cerró con un resultado neutro y que para este año proyecta una expansión cercana al 7%.
A 43 días del final del año, el Estado prepara un cierre a toda orquesta. Inundará el circuito comercial con no menos de $ 900 millones con el pago de dos salarios y medio a los empleados públicos. ¿Y la inflación? Al Ejecutivo, está claro, no le importa aún lo que pueda suceder con la variación sostenida de los precios. La inflación seguirá siendo ese karma oficial que, en Tucumán, se guarda bajo siete llaves en el cajón de un escritorio del primer piso de la Casa de Gobierno. No saldrá de allí hasta tanto la Casa Rosada, vía Indec, decida revelar las estadísticas provinciales. Es el precio que se paga por ser una provincia altamente dependiente del poder político de turno, de ese que paga tanto silencio con el giro de fondos discrecionales.
Tucumán es una tierra de elevado consumo. Y no porque haya elevados sueldos, sino porque su población es muy propensa al gasto. Algunos empresarios nacionales y de compañías multinacionales con sucursal en esta ciudad han realizado estudios de mercado que, al menos, el tucumano gasta dos sueldos y medio a cuenta y luego lo paga en amplias cuotas. Los mismos sondeos le permitieron establecer que, el gasto promedio per cápita, supera los $ 550 mensuales.
Asalariados del sector público y también del privado; jubilados que necesitan llegar a fines de mes, comprando los medicamentos; beneficiarios de subsidios estatales, que quieren mejorar su condición y ahora hasta estudiantes universitarios. Todos caen en la rueda del consumo. Se calcula que sólo en Tucumán hay más de medio millón de tarjetas de crédito en circulación, con un gasto promedio de $ 330 mensuales. Las empresas emisoras tratan de fidelizar a esa enorme cartera de clientes.
Se estima que el sector privado hay unos 160.000 trabajadores, de los cuales sólo el 2% ocupan una posición jerárquica (nivel de gerencia). Los salarios no son tan competitivos como en otras regiones del país. Tucumán ostenta el triste privilegio de ser la segunda provincia argentina con el salario de bolsillo más bajo (promedio de $ 2.477). Sin embargo, hay propensión al gasto, como también en el caso de los 60.000 beneficiarios de distintos planes sociales, financiados por el Estado.
Montado en el crecimiento de la economía nacional, en los últimos años se generaron entre 12.000 y 15.000 nuevos puestos laborales en las empresas instaladas en la provincia, de acuerdo con los datos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Posición dominante
Sin embargo, si se analiza al mercado laboral por rama de actividad, el sector público sigue ocupando en Tucumán una posición dominante. De acuerdo con los últimos datos oficiales, a fines de 2009, para el Estado provincial trabajan 69.766 agentes. Eso es lo que declaró la gestión del gobernador José Alperovich ante el Ministerio de Economía de la Nación. Esto implica que hay 47 empleados por cada 1.000 habitantes en la provincia. Sólo durante la gestión Alperovich la cifra de estatales ha crecido en más de 20.500 puestos, según los datos oficiales. Por caso, a fines de 2003, la planta ocupada en Tucumán era de 49.065 personas. Claro que en el medio de este incremento de trabajadores (oficialmente se argumentó que creció la dotación en salud, en educación y en el interior de la provincia) hubo oscilaciones respecto del comportamiento del mercado laboral estatal. En 2006, después de las elecciones el número de agentes públicos subió a 67.255 casos (casi en la misma relación que en la actualidad) y al año siguiente bajó en 4.000 cargos. De allí se incrementó a razón de 3.000 puestos por año.
El sector público sigue teniendo un peso preponderante en la actividad económica. Por caso, ocupa casi el 30% del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial, un porcentaje que va en aumento paulatino respecto de sectores más oscilantes, como el azucarero o el citricultor.
El Estado confirma para 2011 esta tendencia. Prevé gastar casi $ 10.000 millones para sostener el aparato del sector público de una economía que, en 2009, cerró con un resultado neutro y que para este año proyecta una expansión cercana al 7%.
A 43 días del final del año, el Estado prepara un cierre a toda orquesta. Inundará el circuito comercial con no menos de $ 900 millones con el pago de dos salarios y medio a los empleados públicos. ¿Y la inflación? Al Ejecutivo, está claro, no le importa aún lo que pueda suceder con la variación sostenida de los precios. La inflación seguirá siendo ese karma oficial que, en Tucumán, se guarda bajo siete llaves en el cajón de un escritorio del primer piso de la Casa de Gobierno. No saldrá de allí hasta tanto la Casa Rosada, vía Indec, decida revelar las estadísticas provinciales. Es el precio que se paga por ser una provincia altamente dependiente del poder político de turno, de ese que paga tanto silencio con el giro de fondos discrecionales.
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