09 Noviembre 2010
"Una Justicia opácica, caotizada o con importantes retrasos atenta contra la independencia judicial y contra el cumplimiento de sus funciones básicas. Todo ello conduce a la privación del derecho de los ciudadanos". La alerta fue encendida ayer, en Tucumán, por el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy.
El ex relator de las Naciones Unidas por la Independencia de Jueces y Abogados estuvo reunido ayer con los integrantes del Consejo Asesor de la Magistratura (del CAM sólo faltó Regino Amado, que estaba a cargo del Poder Ejecutivo, y su suplente, la legisladora alperovichista Adriana Najar), para evaluar la marcha de la institución. Recordó que, a poco de haber sido creada mediante la reforma constitucional de 2006, se produjo una severa crisis porque el CAM estaba controlado por el Poder Ejecutivo, pero que ahora evolucionó favorablemente y en forma considerable, según su opinión.
"La experiencia es muy alentadora, porque corrigieron algunas cuestiones graves del comienzo, cuando (los miembros del poder político) llegaron a avanzar contra el Colegio de Abogados. He verificado que hubo una toma de conciencia importante y oportuna, con una integración plural y auspiciosa del CAM, que responde a los parámetros internacionales", señaló.
Despouy insistió en la trascendencia de que haya comenzado el proceso de designación de magistrados ante la gran cantidad de vacantes. "Sólo puede ser seleccionado juez quien está en condiciones, por su capacidad y formación, de cumplir con esa función", agregó. Y remarcó que los primeros criterios que deben regir la conducta de un magistrado son su imparcialidad y su objetividad, lo que significa que sus fallos no deben tener connotaciones ideológicas ni tienen que estar dominados por sus prejuicios y sus preferencias.
El experto internacional elogió, además, la posibilidad de que el CAM tenga legitimación procesal para presentarse en juicio: "una excesiva judicialización del resultado de los concursos puede detener el funcionamiento de estas instituciones y estancarlas. En cambio, si los propios Consejos pueden defender sus decisiones y procedimientos, se va a desalentar esta situación y lo podrán comprobar en el tiempo cercano", ponderó.
"Otro aspecto relevante consiste en que las decisiones se tomen con transparencia y en una dirección unívoca por parte de sus integrantes. De la misma manera, es trascendental que el CAM cuente con su propio presupuesto, lo que le da autonomía para actuar", aseveró.
Independencia en juego
"Los jueces y los abogados se deben defender de muchas cosas. El Poder Judicial es identificado como el más vulnerable respecto de los otros dos que tratan de dominarlo, y sus miembros deben protegerse de presiones políticas y presupuestarias; y de calumnias e injurias. También existen las presiones nefastas de los poderes no institucionalizados, como el económico, en la medida en que transformen a la Justicia en defensores de intereses privados", remarcó.
Sobre este tema, el funcionario presentó ayer el libro En defensa de jueces y abogados, en un acto organizado por el colegio de letrados de la capital. "Si un profesional no puede ejercer adecuadamente la defensa, se afecta una de las garantías constitucionales más importantes para los derechos humanos", advirtió.
El ex relator de las Naciones Unidas por la Independencia de Jueces y Abogados estuvo reunido ayer con los integrantes del Consejo Asesor de la Magistratura (del CAM sólo faltó Regino Amado, que estaba a cargo del Poder Ejecutivo, y su suplente, la legisladora alperovichista Adriana Najar), para evaluar la marcha de la institución. Recordó que, a poco de haber sido creada mediante la reforma constitucional de 2006, se produjo una severa crisis porque el CAM estaba controlado por el Poder Ejecutivo, pero que ahora evolucionó favorablemente y en forma considerable, según su opinión.
"La experiencia es muy alentadora, porque corrigieron algunas cuestiones graves del comienzo, cuando (los miembros del poder político) llegaron a avanzar contra el Colegio de Abogados. He verificado que hubo una toma de conciencia importante y oportuna, con una integración plural y auspiciosa del CAM, que responde a los parámetros internacionales", señaló.
Despouy insistió en la trascendencia de que haya comenzado el proceso de designación de magistrados ante la gran cantidad de vacantes. "Sólo puede ser seleccionado juez quien está en condiciones, por su capacidad y formación, de cumplir con esa función", agregó. Y remarcó que los primeros criterios que deben regir la conducta de un magistrado son su imparcialidad y su objetividad, lo que significa que sus fallos no deben tener connotaciones ideológicas ni tienen que estar dominados por sus prejuicios y sus preferencias.
El experto internacional elogió, además, la posibilidad de que el CAM tenga legitimación procesal para presentarse en juicio: "una excesiva judicialización del resultado de los concursos puede detener el funcionamiento de estas instituciones y estancarlas. En cambio, si los propios Consejos pueden defender sus decisiones y procedimientos, se va a desalentar esta situación y lo podrán comprobar en el tiempo cercano", ponderó.
"Otro aspecto relevante consiste en que las decisiones se tomen con transparencia y en una dirección unívoca por parte de sus integrantes. De la misma manera, es trascendental que el CAM cuente con su propio presupuesto, lo que le da autonomía para actuar", aseveró.
Independencia en juego
"Los jueces y los abogados se deben defender de muchas cosas. El Poder Judicial es identificado como el más vulnerable respecto de los otros dos que tratan de dominarlo, y sus miembros deben protegerse de presiones políticas y presupuestarias; y de calumnias e injurias. También existen las presiones nefastas de los poderes no institucionalizados, como el económico, en la medida en que transformen a la Justicia en defensores de intereses privados", remarcó.
Sobre este tema, el funcionario presentó ayer el libro En defensa de jueces y abogados, en un acto organizado por el colegio de letrados de la capital. "Si un profesional no puede ejercer adecuadamente la defensa, se afecta una de las garantías constitucionales más importantes para los derechos humanos", advirtió.
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