Diciembre volverá a ser -como ya es tradición en Tucumán-, un mes pleno de liquidez. El Poder Ejecutivo ya anunció que abonará dos sueldos y medio (el aguinaldo) a los 80.000 empleados públicos, un vuelo al consumo que no hará escala sino hasta febrero, cuando arranquen las paritarias y que tendrán un piso del 16%, como mínimo, según anticipan los sindicalistas que representan a los estatales. Claro está que ese porcentaje puede ser superior si sigue disparándose la inflación en la Argentina.

Hasta aquí hay cierta certidumbre de que la plaza financiera se inundará con los $ 900 millones que erogará el Estado por el pago de las remuneraciones. Esa cifra puede llegar a triplicarse en el último mes del año si se toma en cuenta los sueldos privados, los subsidios, las jubilaciones y las pensiones. Hasta allí la buena noticia para los estatales. La mala es la duda respecto de si el sistema financiero instalado en Tucumán tendrá la espalda suficiente como para hacer frente a tanta demanda de dinero. En otras palabras, hay varios funcionarios que ya levantaron el teléfono para comunicarse con el Banco Central. El principal temor es que no hayan billetes suficientes como para abastecer a los cajeros automáticos.

De hecho, algunos banqueros han reconocido estos inconvenientes, pero en voz baja. El Central ya previó de que aumentará en un 26% el circulante, pero no dijo todavía de qué manera se expandirá esa emisión monetaria. "A estas alturas, creo que el sistema requiere de la emisión de billetes de alta denominación, por lo menos de $ 500. No obstante, eso no sucederá: ni el Gobierno nacional, mucho menos el Central convalidarán con esos billetes la inflación reinante", comentó a este columnista un hombre que conoce al dedillo el mercado.

Hasta no hace mucho, los pequeños comerciantes le demandaban a la autoridad monetaria argentina monedas de baja denominación. Hoy los bancos reclaman un billete que se adecue a la realidad inflacionaria nacional. Paradojas de una economía que crece con alto nivel de consumo.

Se dice que los billetes nuevos debutan desde los cajeros automáticos y que los de segunda selección salen de los cajeros humanos.

Tío Rico

En este océano pesificado, la gestión del gobernador José Alperovich se montó en el barco que conduce al puerto de la bonanza. El Gobierno se ha convertido en esa suerte de Tío Rico, que junta y junta monedas y billetes para capear la tormenta que puede desatarse luego de las elecciones presidenciales de 2011. Mínimamente, el año electoral que se aproxima encontrará al Gobierno con un presupuesto que superará los $ 9.000 millones, con todo el peso que ese monto tiene para afrontar los comicios.

Dentro de dos semanas, el Ejecutivo deberá entregar el proyecto de Presupuesto 2011 para el tratamiento legislativo. Pero arrancará ese período con el viento de cola que dejará los $ 1.134 millones del presupuesto ampliado para el ejercicio vigente.

¿Qué más puede pedir Alperovich? Sólo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le gire la plata prometida en el Presupuesto Nacional y -de yapa- lo que pueda distribuirse de las partidas discrecionales, esas que alimentan las gestiones de los aliados y alineados con la Casa Rosada. Por de pronto, Alperovich ya aceitó la maquinaria de distribución de recursos. Un caso especial es el reparto del Fondo Federal Solidario. Se efectuarán transferencias directas para que cada municipio y cada una de las 93 comunas rurales ejecuten las obras públicas dentro de los plazos programados hasta agosto (elecciones provinciales) y hasta octubre del año que viene (las presidenciales).

No hay que perder de vista que la Provincia aún cuenta con el beneficio del año de gracia, ese que se pactó hasta el 31 de diciembre de 2011 por impulso del Plan de Desendeudamiento Provincial. Más allá de ese escenario favorable, el Gobierno no cederá ni un paso de su intención de reajustar el valor fiscal de las propiedades, con lo que garantizará un ingreso adicional por el pago del impuesto Inmobiliario de 2011. Son las dos caras de la política; una que muestra a un Estado hacedor y otra que aplica firmeza en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.