El mundo oficial se está reacomodando a este nuevo escenario. La calma es el período posterior a tantos meses de conflictos sindicales y políticos, pero también puede constituirse en el tiempo que precede a las tormentas. Hoy, por de pronto, domina los despachos de la Casa de Gobierno y el semblante de sus moradores, los funcionarios.

El comportamiento de las finanzas públicas no son una preocupación para la actual gestión, por más que el gasto público se haya disparado en torno de un 26% respecto del año anterior. Se dirá que es producto de la inflación, pero no la del Indec, y de la inversión en obras públicas. También por el incremento vegetativo de salarios. Todo suma para llegar a un presupuesto anual de $ 8.300 millones que, con las ampliaciones que se están diseñando, por efecto de la mayor recaudación, pueden alcanzar los $ 8.700 millones. Eso es lo que gasta el Estado tucumano.

El gobernador José Alperovich, sin embargo, cree que en 2011 se gastarán tan sólo $ 500 millones más que el actual ejercicio, y que ese dinero justificará el reajuste salarial de los últimos meses. Si esto es así, la gestión alperovichista administrará no menos de $ 9.200 millones durante el año electoral. Esa cifra es casi dos veces superior al monto total que el Poder Ejecutivo declaró de deuda pública ante el Ministerio de Economía de la Nación. De acuerdo con las planillas disponibles en el sitio oficial de la cartera que encabeza Amado Boudou, Tucumán registra un endeudamiento público de $ 4.506 millones (no incluye deuda flotante), más del doble de los compromisos que acumuló Salta, casi en la misma línea de lo que adeuda Mendoza. Claro está que la mayor parte de los distritos argentinos tienen un compromiso mayor, de 20 años, con la Casa Rosada. El Plan de Desendeudamiento obliga a más de un gobernador a seguir el derrotero político del kirchnerismo. En términos fiscales, de los $ 105.130 millones que las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adeudaban al 31 de diciembre pasado, unos $ 73 millones -aproximadamente- corresponden a créditos y refinanciaciones otorgadas por el Gobierno nacional. No hay mucho margen para independizarse del poder político kirchnerista, menos en Buenos Aires, cuya deuda roza los $ 47.000 millones.

Proyecciones
El Gobierno nacional está próximo a elevar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2011. Los gobernadores están expectantes. Esa iniciativa desnudará el sistema de premios y castigos fiscales para las provincias. Habrá algunas que tendrán más planes de obras que otros distritos. También se revelará si habrá más distribución discrecional de recursos que lo habitual. Y si el Gobierno federal reestructurará el esquema de reparto de fondos coparticipables, tanto por la vigencia del Fondo Federal Solidario (la plata de las retenciones a la soja) y por efecto del plan de Desendeudamiento, cuyo período de gracia se acaba el último día de 2011.

En Tucumán hay una preocupación puntual: saber en los papeles si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le refinanciará el multimillonario juicio que la Provincia perdió en el Ciadi por la rescisión del contrato con Aguas del Aconquija. Todas las semanas, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, pasa por el Palacio de Hacienda en busca de pautas para establecer cuánto y cómo se abonará aquel litigio.

Lo que pudo trascender es que existe la idea de que el programa de refinanciación de esa deuda no se exceda más allá de las 20 cuotas. Si se pesificara el monto del reclamo del Grupo Vivendi, a la Provincia le costaría cerca de $ 800 millones, al cambio actual del dólar. Esto equivale a decir que Tucumán, entonces, tendrá que destinar unos $ 40 millones mensuales para abonar cada cuota. La cifra no es para nada despreciable. Equivale a un 10% de los salarios estatales y, lo peor de todo, es equivalente a entre un 30% y un 35% de la recaudación mensual de impuestos provinciales. ¿Qué hará el fisco para compensar esa situación? El tiempo lo dirá.