Cristina atacó Papel Prensa y dijo que pedirá a la Justicia que investigue la operación de compra

BUENOS AIRES.- La presidenta, Cristina Fernández, anunció que el Estado presentará ante la Justicia una denuncia por la adquisición de Papel Prensa por parte de "Clarín" y "La Nación", y que elevará al Congreso un proyecto de ley (Ver "Detalles del...") para declarar "de interés público" la producción de papel para diarios y establecer un Marco Regulatorio de la actividad. Los anuncios se realizaron en la Casa Rosada, donde el Gobierno presentó un trabajo sobre la historia de Papel Prensa que elaboraron, entre otros, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y la directora estatal en la empresa, Beatriz Paglieri, -ex directora del Indec-, donde se informa sobre la venta de la empresa por parte de la familia de David Graiver, durante el último gobierno militar. La presentación se realizó ante una audiencia compuesta por dirigentes oficialistas, pero en la que se notaron los faltazos empresarios y de representantes del sector financiero y bancario.

En casi 70 minutos de discurso por cadena nacional, la jefa del Estado hizo un relato detallado desde los orígenes de la empresa, su posterior compra por el Grupo Graiver y el traspaso, luego de "presiones, detenciones y torturas" -por parte de los militares en 1977- a los que denominó; "los diarios apropiadores". Se explayó luego sobre el accionar comercial de la empresa que "benefició sólo a los dueños de La Nación, de Clarín y de La Razón, que vendieron el papel más barato, en perjuicio del resto de los medios que debían importarlo" -acusó-. "Esto no es para controlar a nadie, sino para que dejen de controlar a todos los argentinos y dejen que la seguridad jurídica y la libre competencia pueda ser gozada por todos. Debemos dar cauce a esta situación que lleva 33 años con prácticas desleales e infieles", sostuvo la Presidenta.

Ante 13 gobernadores, su Gabinete, legisladores, intendentes, sindicalistas y artistas, la jefa de Estado anunció que serán el procurador general del Tesoro, Joaquín da Rocha, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, los encargados de "hacer las presentaciones judiciales" para evaluar la responsabilidad de las autoridades de los tres matutinos en el traspaso "ilegal" de acciones de la firma. "Creo en la división de poderes y sólo los jueces de la República pueden condenar", indicó.

Poco antes, el consejero del Gobierno en Papel Prensa, Roberto González Arzac explicó los alcances de la denuncia penal por "una variedad de delitos de lesa humanidad". Se refirió a la historia de los representantes del Grupo y la familia de Graiver -muerto en un accidente en agosto de 1976-, especialmente el caso de su mujer, Lidia Papaleo, que denunció fue obligada a firmar la venta de acciones por U$S 996.000 (muy por debajo del precio de mercado) bajo amenazas de muerte del CEO de Clarín, Héctor Magnetto. "Quienes suscribieron la venta de acciones lo hicieron sin libertad, sólo con la libertad ambulatoria", denunció la Presidenta. (DyN-NA).

En casi 70 minutos de discurso por cadena nacional, la jefa del Estado hizo un relato detallado desde los orígenes de la empresa, su posterior compra por el Grupo Graiver y el traspaso, luego de "presiones, detenciones y torturas" -por parte de los militares en 1977- a los que denominó; "los diarios apropiadores". Se explayó luego sobre el accionar comercial de la empresa que "benefició sólo a los dueños de La Nación, de Clarín y de La Razón, que vendieron el papel más barato, en perjuicio del resto de los medios que debían importarlo" -acusó-. "Esto no es para controlar a nadie, sino para que dejen de controlar a todos los argentinos y dejen que la seguridad jurídica y la libre competencia pueda ser gozada por todos. Debemos dar cauce a esta situación que lleva 33 años con prácticas desleales e infieles", sostuvo la Presidenta.

Ante 13 gobernadores, su Gabinete, legisladores, intendentes, sindicalistas y artistas, la jefa de Estado anunció que serán el procurador general del Tesoro, Joaquín da Rocha, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, los encargados de "hacer las presentaciones judiciales" para evaluar la responsabilidad de las autoridades de los tres matutinos en el traspaso "ilegal" de acciones de la firma. "Creo en la división de poderes y sólo los jueces de la República pueden condenar", indicó.

Poco antes, el consejero del Gobierno en Papel Prensa, Roberto González Arzac explicó los alcances de la denuncia penal por "una variedad de delitos de lesa humanidad". Se refirió a la historia de los representantes del Grupo y la familia de Graiver -muerto en un accidente en agosto de 1976-, especialmente el caso de su mujer, Lidia Papaleo, que denunció fue obligada a firmar la venta de acciones por U$S 996.000 (muy por debajo del precio de mercado) bajo amenazas de muerte del CEO de Clarín, Héctor Magnetto. "Quienes suscribieron la venta de acciones lo hicieron sin libertad, sólo con la libertad ambulatoria", denunció la Presidenta. (DyN-NA).