Qué lejos estamos del 5,9% de la inflación oficial acumulada en el primer semestre. Cómo agobian los aumentos de precios. Qué sensación extraña es la de levantarse un lunes y pensar cuál será el incremento de precios que nos sorprenderá durante la semana. Han pasado cuatro días de esta y ya nos enteramos que movilizarse costará un 15% más para aquella familia que se sube al colectivo y hasta un 20% si se traslada al trabajo o a la escuela en taxi. Sí, los propietarios de empresas de transporte de pasajeros y de vehículos de alquiler le comunicaron al Gobierno que ya no pueden hacer frente a los incrementos de valores en los insumos, en el combustible y en el costo laboral. Todo eso lo pagará Juan Pueblo, otra vez.

Los subsidios estatales parecen que ya no son suficientes para amortiguar el valor del boleto. Los empresarios sostienen que deben comprar gasoil adicional para poder mantener la flota. El Estado sigue negando, en sus mediciones, una escalada de precios. El GNC cuesta un 12,6% más y en eso se amparan los dueños de taxis para reclamar el aumento de $ 2,50 a $ 3 para la bajada de bandera y de $ 0,18 a $ 0,25 por cada ficha. Mientras tanto, el Estado -vía Sutrappa- sigue recaudando y hace la vista gorda de lo que está pasando en las pizarras de los almacenes, de las estaciones de servicio, de los súper o en la lista de precio de las casas de repuestos. No hay intenciones de medir la inflación en Tucumán y esa es una medida que se mantuvo inalterable desde que la Casa Rosada bajó la orden de no contrariar las cifras que difunde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La Universidad Nacional de Tucumán está a punto de finalizar un informe que, según trascendió, puede ser lapidario contra la manera de calcular el Indice de Precios al Consumidor (IPC). Tal vez ese diagnóstico no vea la luz, aún después de que el ministro de Economía, Amado Boudou, lo tenga en la mano.

Amaya y el Indec
Si pasa el tamiz del Concejo Deliberante, los aumentos en el transporte serán como una brasa candente para el intendente Domingo Amaya. Convalidarlos será una prueba de fuego para su gestión y que, naturalmente como sucede siempre, los aumentos de las tarifas se extenderán por toda la provincia. La alternativa que se maneja es patear el planteo hasta diciembre. Al intendente bien le puede caer el mote de "inflación del Indec": no se sabe cuánto mide en realidad y, si está el dato, se lo oculta. Amaya no existe en las encuestas que elabora Hugo Haime a pedido del gobernador José Alperovich. Al menos, de lo que el mandatario pregona públicamente. Los sondeos preelectorales están hoy por encima de las mediciones sobre la evolución de la economía. 2011 está a la vuelta de la esquina y sin Alperovich montado en la primera fila del concierto nacional. Al fin y al cabo es lo que quería, pelear por un tercer mandato en Tucumán.

Más allá de este panorama, hay que pasar el invierno, tan crudo como los aumentos. El receso, en suma, permitió darle una vuelta de rosca a la realidad y seguir exprimiendo los cada vez más flacos bolsillos de los asalariados. En el primer semestre, la canasta básica de alimentos aumentó un 21,5%. Para la familia tipo , esto significa un incremento de $ 173, indica un reciente informe de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL Consultores).

El salto más importante se produjo en el primer trimestre (un alza acumulada de 19,2%) resultante, sobre todo, del aumento de los precios de la carne. Estos últimos explican cerca del 70% de la variación de la canasta básica de alimentos en el semestre. Ese impacto no se nota en la inflación oficial.

La peor parte de esta tragedia inflacionaria se la llevan los jubilados. Tres de cada integrantes de la clase pasiva cobran el haber mínimo. Y, frente al incremento de precios, los caminos alternativas no son los que ellos pensaron cuando realizaron los aportes (esos que el Gobierno nacional utiliza día tras día para financiarse, vía préstamos intraestatal que le pide a la Anses): buscar un empleo que le asegure ingresos extras, apelar a los escasos ahorro que generaron y, en la última alternativa, a la carestía de algún familiar. No hay derecho para ese 12% de la población total que tiene la Argentina. Sí, son cinco millones de jubilados.

Está claro que la inflación no distingue condiciones sociales ni edades. Sin embargo, el Estado se las ingenia para ignorarla y, en definitiva, trasladarla al último eslabón de la cadena de consumo. Juan Pueblo paga la fiesta.