18 Julio 2010
El 18 de julio de 1995, a las 9.53, se produjo una violenta explosión en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). En el atentado contra la sede ubicada en Pasteur al 600, murieron 85 personas y otras 300 resultaron heridas. Más de un millar viviendas y comercios cercanos quedaron destruidos. La onda expansiva se extendió a unas seis cuadras a la redonda: los vidrios de las ventanas de las viviendas y negocios estallaron. Dos años antes, el 17 de marzo de 1992, otra explosión había derribado la Embajada de Israel, matando a 26 personas.
A lo largo de dieciséis años, la Justicia argentina no ha podido llegar aún al esclarecimiento total del trágico episodio. Se sospecha que el ataque fue llevado adelante por el movimiento islámico libanés Hezbolah, con el apoyo estratégico y económico del gobierno de Irán. Pese a los reclamos del gobierno argentino ante la Organización de Naciones Unidas, ese país se ha negado a extraditar a los principales sospechosos.
En el acto de recordatorio que tuvo lugar el viernes en Buenos Aires, la comunidad judía renovó su pedido al Gobierno nacional para que halle a los responsables del atentado. Le pidió al Gobierno que redoblara sus esfuerzos en el plano internacional para obtener de una vez por todas la respuesta del gobierno iraní, que sistemáticamente niega su colaboración a las autoridades judiciales.
El juez español Baltasar Garzón que participó del acto, se preguntó: "¿Hasta cuándo vamos a comprender que el combate contra la impunidad es una responsabilidad de todos? Todos debemos comprometernos y abandonar la indiferencia". El magistrado, que fue destituido en España por querer investigar los crímenes cometidos durante el régimen dictatorial de Francisco Franco, deploró la incompetencia reflejada por la Justicia argentina porque hasta la fecha no hay ninguna persona detenida. Afirmó que la justicia tardía no es justicia, sobre todo cuando es retardada, como en este caso, por intereses ocultos que se cruzaron y corrompieron el castigo de los responsables. Sostuvo que la democracia es incompatible con la impunidad, que es la herencia negativa de la sociedad. Aseveró que el Estado argentino tiene responsabilidad civil en este atentado porque no supo proteger a los que cayeron, sino porque después no hizo lo que correspondía y agregó que el remedio para luchar contra la peste del terrorismo es la honestidad.
A fines de mayo de 2009, la Corte Suprema ordenó que reabrir la causa de la AMIA y volver a investigar a Carlos Telleldín, el mecánico ya absuelto acusado de preparar la camioneta-bomba. El tribunal denunció también graves irregularidades cometidas por el ex juez Juan José Galeano, al frente de la causa durante 10 años y luego apartado. Se ordenó investigar el presunto encubrimiento a los autores del atentado, en una causa en la que está imputado el ex presidente Carlos Menem. "El fallo de la Corte evita la impunidad en un caso, como el de la AMIA, que además es de extrema gravedad institucional. Lo que hizo el voto de la mayoría de la Corte fue dejar firme todas las actuaciones judiciales anteriores al 31 de octubre de 1995, para permitir la continuidad de la investigación", dijo en esa ocasión Ricardo Lorenzetti, presidente del tribunal.
En dieciséis años, la Justicia argentina no ha podido establecer quiénes fueron los encubridores y quiénes torcieron la investigación para que no pudiera llegarse a la verdad. En contrapartida, a sólo tres días del atentado terrorista del 11 de marzo pasado, en la estación española de Atocha, ya se conocía a los autores. En otros países, la Justicia es un poder en verdad independiente que está al servicio de la comunidad y no de los gobiernos de turno. Sin justicia, la impunidad seguirá gozando de buena salud.
A lo largo de dieciséis años, la Justicia argentina no ha podido llegar aún al esclarecimiento total del trágico episodio. Se sospecha que el ataque fue llevado adelante por el movimiento islámico libanés Hezbolah, con el apoyo estratégico y económico del gobierno de Irán. Pese a los reclamos del gobierno argentino ante la Organización de Naciones Unidas, ese país se ha negado a extraditar a los principales sospechosos.
En el acto de recordatorio que tuvo lugar el viernes en Buenos Aires, la comunidad judía renovó su pedido al Gobierno nacional para que halle a los responsables del atentado. Le pidió al Gobierno que redoblara sus esfuerzos en el plano internacional para obtener de una vez por todas la respuesta del gobierno iraní, que sistemáticamente niega su colaboración a las autoridades judiciales.
El juez español Baltasar Garzón que participó del acto, se preguntó: "¿Hasta cuándo vamos a comprender que el combate contra la impunidad es una responsabilidad de todos? Todos debemos comprometernos y abandonar la indiferencia". El magistrado, que fue destituido en España por querer investigar los crímenes cometidos durante el régimen dictatorial de Francisco Franco, deploró la incompetencia reflejada por la Justicia argentina porque hasta la fecha no hay ninguna persona detenida. Afirmó que la justicia tardía no es justicia, sobre todo cuando es retardada, como en este caso, por intereses ocultos que se cruzaron y corrompieron el castigo de los responsables. Sostuvo que la democracia es incompatible con la impunidad, que es la herencia negativa de la sociedad. Aseveró que el Estado argentino tiene responsabilidad civil en este atentado porque no supo proteger a los que cayeron, sino porque después no hizo lo que correspondía y agregó que el remedio para luchar contra la peste del terrorismo es la honestidad.
A fines de mayo de 2009, la Corte Suprema ordenó que reabrir la causa de la AMIA y volver a investigar a Carlos Telleldín, el mecánico ya absuelto acusado de preparar la camioneta-bomba. El tribunal denunció también graves irregularidades cometidas por el ex juez Juan José Galeano, al frente de la causa durante 10 años y luego apartado. Se ordenó investigar el presunto encubrimiento a los autores del atentado, en una causa en la que está imputado el ex presidente Carlos Menem. "El fallo de la Corte evita la impunidad en un caso, como el de la AMIA, que además es de extrema gravedad institucional. Lo que hizo el voto de la mayoría de la Corte fue dejar firme todas las actuaciones judiciales anteriores al 31 de octubre de 1995, para permitir la continuidad de la investigación", dijo en esa ocasión Ricardo Lorenzetti, presidente del tribunal.
En dieciséis años, la Justicia argentina no ha podido establecer quiénes fueron los encubridores y quiénes torcieron la investigación para que no pudiera llegarse a la verdad. En contrapartida, a sólo tres días del atentado terrorista del 11 de marzo pasado, en la estación española de Atocha, ya se conocía a los autores. En otros países, la Justicia es un poder en verdad independiente que está al servicio de la comunidad y no de los gobiernos de turno. Sin justicia, la impunidad seguirá gozando de buena salud.
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