Historias como la suya las hay reales y de ciencia ficción. Directores respetados y de los otros han llevado al cine a personajes que juegan de ambos lados de la línea. Pero, a pesar de todo esto, el asombro es el mismo. Un oficial de Policía está siendo investigado por ser el cerebro de una peligrosísima banda de asaltantes que desde hace más de cuatro años ataca constantemente en Monteros, Famaillá y Concepción. Tres personas, entre ellas una mujer, ya están detenidas por este caso que causó conmoción en el seno mismo de la fuerza policial.

La investigación es tan compleja que tuvieron que intervenir dos fiscales en primera instancia, y no se descarta que un tercero deba sumarse. El trabajo inicial está a cargo de Mónica García de Targa, del Centro Judicial Monteros, y de Edgardo Sánchez, del Centro Judicial Concepción.

El primer hecho que se les imputará tuvo lugar hace ya cuatro años, cuando tres delincuentes armados irrumpieron en la sucursal Monteros del Banco Nación y se apoderaron de $ 75.000, luego de hacer disparos y de reducir a un custodio. En esta causa surge una de las primeras sorpresas: uno de los imputados por este atraco es nada menos que Lucas González, el "gardelito" que está condenado por asesinar a su novia María Fernanda Chaila en mayo de 2006. El asalto se produjo tras este mortal ataque, cuando González estaba prófugo. Esto significa que el policía al que ahora buscan habría sido el ideólogo de ese robo, y habría contratado al homicida para que lo llevara a cabo.

Además, la conexión se hace más evidente cuando se sabe que entre los detenidos por este caso (una causa que en su momento investigó el luego destituido juez federal Felipe Federico Terán) hay un ex suboficial de la Policía, conocido como "Pellón", que también habría sido subalterno del oficial al que ahora buscan.

Pero los robos en Monteros no se detuvieron, aunque casi en ningún momento se los pudo relacionar entre sí. Así fueron atacadas la sucursal de la firma Castillo, varias casas de video-poker, empresarios y hasta el presidente de Ñuñorco, el ingeniero José Antonio Romero, a quien desvalijaron en su residencia hace unos 20 días.

Datos cruzados

Las investigaciones comenzaron a cruzarse, ya que se habían producido otros atracos, pero en Concepción. Allí fueron víctimas personas que salían de la sucursal del Banco del Tucumán; también el legislador Roberto Palina, a quien le sustrajeron $ 50.000 cuando él no se encontraba en su vivienda, y hasta un prestamista.

Eran asaltos bien orquestados, en los cuales los delincuentes conocían perfectamente en qué momento atacar y cuánto obtendrían. Pero lo que desconcertaba es que, en base al testimonio de las víctimas, eran ejecutados aparentemente por distintas personas. Era casi imposible unificar las causas. Pero de a poco algunos datos importantes comenzaron a salir a la luz y muchos de ellos se conocieron gracias a las grabaciones de cámaras de seguridad. Había un nexo. Algunos de los ladrones sí eran los mismos. Entre ellos había una mujer que se encargaba de utilizar las tarjetas de crédito de las víctimas para extraer dinero de los cajeros automáticos.

Los policías estaban desorientados, hasta que finalmente dieron con un dato clave. El "topo" estaba dentro de la fuerza.

Personal de la Regional Oeste, al mando de los comisarios Julio López, Héctor Figueroa, Ramón Quinteros y Víctor Pacheco, y de la Regional Sur, al mando de los comisarios Héctor Albarracín y José Díaz, recibió la orden de profundizar la investigación. Y al acceder al expediente del asalto el Banco Nación (que manejaba la Justicia Federal), advirtieron que un oficial de la Policía, identificado como Miguel Sánchez, había estado bajo investigación e incluso su casa había sido allanada. Al revisar los videos de los otros asaltos descubrieron en al menos dos la presencia de Sánchez momentos antes de que se perpetraran los golpes, dijeron oficialmente fuentes judiciales.

Los procedimientos
Ante esto la Justicia se movió rápidamente y el juez subrogante Pedro Arnedo, de Concepción, ordenó seis allanamientos consecutivos. Así los investigadores ingresaron en el domicilio del sospechoso, en Monteros, pero no lo encontraron. Luego fueron a la casa de su padre, de su suegra, de un hermano, de un tío y hasta a un local comercial. Pero Sánchez, que actualmente trabaja en la Alcaidía del Palacio de Tribunales había desaparecido. Cuando uno de los jefes policiales logró dar por teléfono con él y le pidió que se entregara, la respuesta fue cortante: "ni pienso, van a tener que hablar con mi abogado". De esta forma, desoyó una orden judicial. Los investigadores creen que esto es una nimiedad ante el cúmulo de pruebas que dicen que hay en contra del sospechoso, y del cual va a tener que defenderse cuando lo detengan.