02 Mayo 2010
La transparencia y publicidad de las acciones de Gobierno son fundamentales para la salud de la democracia y deben ser elementos prioritarios en la gestión de cualquier administración, sea nacional, provincial o municipal.
El principio es muy claro: la res publica (la cosa pública) pertenece a todos los ciudadanos y, aunque se trate de una democracia representativa, cada uno de ellos tiene derecho a saber cómo se ejecutan los recursos que, a su vez, provienen de los impuestos, los que hasta el más pobre paga cuando efectúa cualquier compra (de hecho, los impuestos constituyen una porción mayor de los gastos de las personas de bajos recursos que de los sectores privilegiados).
A su vez, el acceso a la información pública es fundamental para prevenir la comisión de hechos de corrupción. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción -que se encuentra en vigor desde 2005 en la Argentina- establece muy claramente: "habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda".
La comunidad internacional -a instancia de muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) que venían presionando para que se sancione un instrumento de este tipo- ha dispuesto mecanismos que los distintos niveles y jurisdicciones de cada Estado en particular deben adoptar.
Los salarios de los funcionarios públicos forman parte de ese tipo de información pues constituyen las retribuciones que ellos mismos se fijan por la tarea para lo cual han sido encomendados. Deben ser remuneraciones adecuadas, justas y proporcionales a la tarea que desempeñan, pero deben ser conocidas por la ciudadanía, la que tiene derecho a opinar sobre el asunto, efectuar propuestas de reformas e, incluso, tener en consideración este tema a la hora de votar a sus futuros representantes.
Los ciudadanos tienen una doble faceta: deben respetar las reglas dispuestas por los representantes pero también son sus "jefes". Los funcionarios públicos no son, ni más ni menos, personas a las cuales el pueblo encomienda la gestión de sus intereses colectivos. Para evaluar el desempeño de sus subordinados deben conocer cuál es su retribución.
Denuncias
A su vez, la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios constituye -junto al conocimiento público de las retribuciones- una herramienta fundamental para prevenir y sancionar los delitos de enriquecimiento ilícito. Una porción importante de las denuncias por enriquecimiento ilícito proviene de algún conocido o vecino de los funcionarios, que advierte que su nivel de gastos no es compatible con sus ingresos.
En definitiva, ser ciudadano es mucho más que votar y pagar impuestos. Es creer en que a la democracia la hacemos todos y todas y, para ello, tenemos a nuestra disposición una variedad de herramientas. Utilicémoslas. Cumplamos con nuestras responsabilidades pero también exijamos aquello que nos corresponde.
El principio es muy claro: la res publica (la cosa pública) pertenece a todos los ciudadanos y, aunque se trate de una democracia representativa, cada uno de ellos tiene derecho a saber cómo se ejecutan los recursos que, a su vez, provienen de los impuestos, los que hasta el más pobre paga cuando efectúa cualquier compra (de hecho, los impuestos constituyen una porción mayor de los gastos de las personas de bajos recursos que de los sectores privilegiados).
A su vez, el acceso a la información pública es fundamental para prevenir la comisión de hechos de corrupción. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción -que se encuentra en vigor desde 2005 en la Argentina- establece muy claramente: "habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda".
La comunidad internacional -a instancia de muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) que venían presionando para que se sancione un instrumento de este tipo- ha dispuesto mecanismos que los distintos niveles y jurisdicciones de cada Estado en particular deben adoptar.
Los salarios de los funcionarios públicos forman parte de ese tipo de información pues constituyen las retribuciones que ellos mismos se fijan por la tarea para lo cual han sido encomendados. Deben ser remuneraciones adecuadas, justas y proporcionales a la tarea que desempeñan, pero deben ser conocidas por la ciudadanía, la que tiene derecho a opinar sobre el asunto, efectuar propuestas de reformas e, incluso, tener en consideración este tema a la hora de votar a sus futuros representantes.
Los ciudadanos tienen una doble faceta: deben respetar las reglas dispuestas por los representantes pero también son sus "jefes". Los funcionarios públicos no son, ni más ni menos, personas a las cuales el pueblo encomienda la gestión de sus intereses colectivos. Para evaluar el desempeño de sus subordinados deben conocer cuál es su retribución.
Denuncias
A su vez, la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios constituye -junto al conocimiento público de las retribuciones- una herramienta fundamental para prevenir y sancionar los delitos de enriquecimiento ilícito. Una porción importante de las denuncias por enriquecimiento ilícito proviene de algún conocido o vecino de los funcionarios, que advierte que su nivel de gastos no es compatible con sus ingresos.
En definitiva, ser ciudadano es mucho más que votar y pagar impuestos. Es creer en que a la democracia la hacemos todos y todas y, para ello, tenemos a nuestra disposición una variedad de herramientas. Utilicémoslas. Cumplamos con nuestras responsabilidades pero también exijamos aquello que nos corresponde.
Lo más popular
