La historia es así. Hace algunos días un influyente conductor político envió tarjetas de invitación para que sus amigos y allegados se juntaran a un cumpleaños. Llegó el día, pero el cumpleañero no fue a la cita y la torta quedó sin repartir. Los invitados quedaron atónitos. Esperaron en vano que se distribuyera el cotillón y la torta misma. Eso fue lo que le sucedió el martes último a los gobernadores afines al kirchnerismo. Néstor Kirchner los dejó plantados a la reunión convocada por él mismo a los mandatarios provinciales. Esa actitud no es nueva, pero deja una señal: el estilo kirchnerista está de vuelta en el preciso momento en que se recuperan las finanzas. Si, es el manejo de la caja.
Del encuentro, realizado en la Casa de Salta en Buenos Aires, los asistentes salieron, algunos con la idea de reformular la coparticipación desde 2011, y otros con declaraciones de compromiso. Los que se autodefinieron como más realistas observan que nada cambiará en el reparto de los fondos coparticipables. 2011 no es el mejor año para distribuir el poder (del dinero) entre los gobernadores. El kirchnerismo no está dispuesto a rifar los recursos que sustentan su estructura política sólo por el capricho de la oposición (así lo definen en la Casa Rosada) de generar ámbitos de discusión de la relación fiscal Nación-provincias a partir de la coparticipación de la Ley del Cheque. Por eso, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, presente en la cumbre de gobernadores, asintió a los planteos de las provincias y sólo atinó a decir que "hay que dar suficiente debate" al tema de la nueva coparticipación. En otras palabras, prolongar en el tiempo esa discusión, si es posible más allá de 2011.
¿Cuánto cederá el Gobierno nacional? Ese es el interrogante con el que pueden partir las negociaciones para renovar el esquema de reparto de las transferencias de fondos nacionales. A priori, la respuesta es casi conocida: nada. Entonces, a discusión pasa hacia otro terreno, el de la refinanciación integral de la deuda pública de las provincias.
Hay distritos que, a pesar de la crisis financiera global, lograron mantenerse a flote y no tuvieron grandes contratiempos fiscales en los últimos meses. Es el caso de Salta, Santiago del Estero, Neuquén o Santa Cruz, la jurisdicción que recibe todo el calor kirchnerista a la hora de las transferencias de recursos coparticipables. En este lote también pueden inscribirse La Pampa o San Luis, de acuerdo con las últimas evaluaciones realizadas por el Palacio de Hacienda. Otras aún están en la profundidad del océano del gasto público, con graves problemas para atender sus finanzas y que requieren la ineludible asistencia federal para no poner en peligro la gestión de Gobierno. Ellas son, entre otras, Jujuy, Chaco o Corrientes. Finalmente, está el grupo de provincias intermedias, que mantienen cierto equilibrio fiscal a través de una forzosa contención de las erogaciones o porque sus presupuestos están demasiados subvaluados y, con el repunte de los ingresos, les ha permitido sacar la cabeza del agua. En esta situación está Tucumán. Claro que esto también significa -en cierta medida- caminar muy cerca de la cornisa, porque el gobernador José Alperovich aumenta su nivel de dependencia política y financiera con la Nación.
Ya no es a sola firma
Una prueba permite demostrar este hecho. Ninguna provincia argentina ha firmado papel alguno para refinanciar parte de los vencimientos de la deuda de este año a través del Plan de Asistencia Financiera (PAF). Sucede que el Gobierno nacional va otorgando anticipos financieros a cuenta a los distritos que históricamente vienen participando de este programa y eso le permite a los mandatarios cubrir los compromisos con los acreedores del Estado.
Así, muchos distritos pueden cerrar sus balances mensuales con equilibrio. En principio, ese financiamiento tiene las mismas características que los planes anteriores, es decir, se paga con una tasa del 6% anual, a siete años. El riesgo que se corre es que, al no haber documentos firmados, el Gobierno decida cambiar las reglas de juego. En otras palabras, achicar plazos o incrementar la tasa de interés. En la Casa de Gobierno tucumana no creen que el kirchnerismo tome esa actitud. Las brujas no existen, pero de que las hay, las hay...
Mientras más se aproxima 2011, mayor es la virulencia política. La oposición está convencida de que ese turno electoral es la oportunidad para ocupar la Casa Rosada. Y argumentan su tésis en que Cristina Fernández de Kirchner ha contribuido a la pérdida de popularidad del proyecto que encara su marido, posible candidato a presidente de la Nación. Los gobernadores asoman como convidados de piedra, obligados a acompañar. Algunos con el teléfono más abierto que otros al kirchnerismo (Daniel Scioli, por caso, no asistió a la cumbre de mandatarios porque sabía del faltazo de Néstor Kirchner).
En el cumpleaños electoral de 2011, muy difícilmente se redistribuya la torta coparticipable. Suena a quimera.
Del encuentro, realizado en la Casa de Salta en Buenos Aires, los asistentes salieron, algunos con la idea de reformular la coparticipación desde 2011, y otros con declaraciones de compromiso. Los que se autodefinieron como más realistas observan que nada cambiará en el reparto de los fondos coparticipables. 2011 no es el mejor año para distribuir el poder (del dinero) entre los gobernadores. El kirchnerismo no está dispuesto a rifar los recursos que sustentan su estructura política sólo por el capricho de la oposición (así lo definen en la Casa Rosada) de generar ámbitos de discusión de la relación fiscal Nación-provincias a partir de la coparticipación de la Ley del Cheque. Por eso, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, presente en la cumbre de gobernadores, asintió a los planteos de las provincias y sólo atinó a decir que "hay que dar suficiente debate" al tema de la nueva coparticipación. En otras palabras, prolongar en el tiempo esa discusión, si es posible más allá de 2011.
¿Cuánto cederá el Gobierno nacional? Ese es el interrogante con el que pueden partir las negociaciones para renovar el esquema de reparto de las transferencias de fondos nacionales. A priori, la respuesta es casi conocida: nada. Entonces, a discusión pasa hacia otro terreno, el de la refinanciación integral de la deuda pública de las provincias.
Hay distritos que, a pesar de la crisis financiera global, lograron mantenerse a flote y no tuvieron grandes contratiempos fiscales en los últimos meses. Es el caso de Salta, Santiago del Estero, Neuquén o Santa Cruz, la jurisdicción que recibe todo el calor kirchnerista a la hora de las transferencias de recursos coparticipables. En este lote también pueden inscribirse La Pampa o San Luis, de acuerdo con las últimas evaluaciones realizadas por el Palacio de Hacienda. Otras aún están en la profundidad del océano del gasto público, con graves problemas para atender sus finanzas y que requieren la ineludible asistencia federal para no poner en peligro la gestión de Gobierno. Ellas son, entre otras, Jujuy, Chaco o Corrientes. Finalmente, está el grupo de provincias intermedias, que mantienen cierto equilibrio fiscal a través de una forzosa contención de las erogaciones o porque sus presupuestos están demasiados subvaluados y, con el repunte de los ingresos, les ha permitido sacar la cabeza del agua. En esta situación está Tucumán. Claro que esto también significa -en cierta medida- caminar muy cerca de la cornisa, porque el gobernador José Alperovich aumenta su nivel de dependencia política y financiera con la Nación.
Ya no es a sola firma
Una prueba permite demostrar este hecho. Ninguna provincia argentina ha firmado papel alguno para refinanciar parte de los vencimientos de la deuda de este año a través del Plan de Asistencia Financiera (PAF). Sucede que el Gobierno nacional va otorgando anticipos financieros a cuenta a los distritos que históricamente vienen participando de este programa y eso le permite a los mandatarios cubrir los compromisos con los acreedores del Estado.
Así, muchos distritos pueden cerrar sus balances mensuales con equilibrio. En principio, ese financiamiento tiene las mismas características que los planes anteriores, es decir, se paga con una tasa del 6% anual, a siete años. El riesgo que se corre es que, al no haber documentos firmados, el Gobierno decida cambiar las reglas de juego. En otras palabras, achicar plazos o incrementar la tasa de interés. En la Casa de Gobierno tucumana no creen que el kirchnerismo tome esa actitud. Las brujas no existen, pero de que las hay, las hay...
Mientras más se aproxima 2011, mayor es la virulencia política. La oposición está convencida de que ese turno electoral es la oportunidad para ocupar la Casa Rosada. Y argumentan su tésis en que Cristina Fernández de Kirchner ha contribuido a la pérdida de popularidad del proyecto que encara su marido, posible candidato a presidente de la Nación. Los gobernadores asoman como convidados de piedra, obligados a acompañar. Algunos con el teléfono más abierto que otros al kirchnerismo (Daniel Scioli, por caso, no asistió a la cumbre de mandatarios porque sabía del faltazo de Néstor Kirchner).
En el cumpleaños electoral de 2011, muy difícilmente se redistribuya la torta coparticipable. Suena a quimera.
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