La inflación atenta contra cualquier índice de popularidad de los políticos. Por más que el Indec se niegue a reconocer la escalada inflacionaria, este es un tema recurrente en cualquier charla. Más si se da entre gobernantes y empresarios, como la que se observó el martes en la Casa de Gobierno tucumana. José Alperovich es de esos gobernadores que, a cada tanto, ordena efectuar una medición sobre su imagen. Su estigma sigue siendo la clase media, tal vez la más golpeada por esa indeseable inflación.
El gobernador intuye que el diálogo con los distintos sectores socioeconómicos de la provincia tal vez pueda contribuir a mejorar algunos puntos su popularidad. Pero carga la cruz kirchnerista. "No estamos tan mal, pero el efecto "K" pega en la clase media y, por ende, incide en las mediciones", confiesa muy por lo bajo una calificada fuente cercana a la Casa de Gobierno.
Alperovich no tiene en sus planes despegarse del Gobierno nacional. Por el contrario, ha consolidado esa relación de dependencia al poder financiero kirchnerista. El tucumano fue uno de los que firmó la solicitada que, junto con sus pares afines a la Casa Rosada, solicitó el no tratamiento del impuesto al Cheque en la Cámara de Diputados. Y dio una prueba más de amor a Cristina y Néstor Kirchner: colocó al ministro de Economía, Jorge Jiménez, como uno de los escuderos oficialistas en el Congreso Nacional. Jiménez es ahora vicepresidente de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), un organismo integrado por todos los ministros provinciales y cuyos dictámenes en materia impositiva suelen ser indiscutibles en los ámbitos gubernamentales. Y, en particular, la CFI se encarga del estricto cumplimiento del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. El debut del funcionario tucumano en el cargo no fue del todo ideal. Tuvo que explicar cómo se cumple la garantía del 34% de distribución de la coparticipación ante senadores que alguna vez gobernaron provincias (Adolfo Rodríguez Saá, Juan Carlos Romero o Carlos Verna, por caso).
Trascendió que el cargo estaba asignado a Salta, pero que por sugerencias del ministro de Economía, Amado Boudou, el puesto recayó en Tucumán. En juego están no menos de $ 10.000 millones que es lo que genera el cobro del impuesto al Cheque y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), algo que el Gobierno nacional no está dispuesto a ceder.
El silencio alperovichista puede haberle costado a Tucumán $ 2.000 millones en los últimos seis años, por la no distribución de los recursos coparticipables, ya que la Nación transfirió por debajo de aquel piso del 34%. Sin embargo, no hay quejas.
Alperovich trató el martes de pintarle a los empresarios un panorama de previsibilidad. Para los próximos 18 meses de gestión que le queda al mandatario están asegurados los $ 180 millones a $ 200 millones mensuales que se necesitan para pagar sueldos. En otras palabras, según el jefe del Ejecutivo, no hay nubarrones financieros que hagan peligrar el consumo de un sector masivo como el estatal.
A partir de este año, el Gobierno nacional regularizó el flujo de fondos de coparticipación (unos $ 250 millones netos mensuales promedio), por lo que el Estado no tendría inconvenientes para hacer frente al creciente gasto público.
A los empresarios que quieran invertir en Tucumán, el Ejecutivo está dispuesto a activar plenamente los beneficios de la ley de promoción o bien otorgar exenciones impositivas de acuerdo con las características de los proyectos que se formulen. En el Ejecutivo dicen que no hay tantos frentes de conflictos abiertos. Tan sólo el Ministerio que conduce Pablo Yedlin no goza de buena salud, según la hipótesis oficial. Sucede que el conflicto en los hospitales vuelve a poner los pelos de punta al gabinete, no sólo por los efectos económicos del planteo salarial, sino por las consecuencias sociales de la protesta. En esto hay dos corrientes de opinión. Una que sostiene que, con autoconvocados, no se puede dialogar, y que las negociaciones deberían ser canalizadas a través de las organizaciones sindicalizadas. Otra que sugiere alcanzar un arreglo definitivo. En ambas está en juego el ahorro fiscal generado por las medidas de contención del gasto, afirman los técnicos del poder. Desde octubre del año pasado, el Gobierno habría reducido el gasto en $ 100 millones, por el control en la distribución de las partidas presupuestarias a todas las áreas del Estado.
Falta más de un año para los próximos comicios. Las candidaturas aún están verdes, pero el gobernador intenta que no maduren los conflictos. Los sondeos de opinión están a la orden del día. Y Alperovich está decidido a jugar su última ficha para consolidar su imagen en Tucumán o instalarse definitivamente en el escenario nacional, si es que algún Kirchner lo permite. De una u otra manera, la campaña electoral ya está en marcha para el gobernador.
El gobernador intuye que el diálogo con los distintos sectores socioeconómicos de la provincia tal vez pueda contribuir a mejorar algunos puntos su popularidad. Pero carga la cruz kirchnerista. "No estamos tan mal, pero el efecto "K" pega en la clase media y, por ende, incide en las mediciones", confiesa muy por lo bajo una calificada fuente cercana a la Casa de Gobierno.
Alperovich no tiene en sus planes despegarse del Gobierno nacional. Por el contrario, ha consolidado esa relación de dependencia al poder financiero kirchnerista. El tucumano fue uno de los que firmó la solicitada que, junto con sus pares afines a la Casa Rosada, solicitó el no tratamiento del impuesto al Cheque en la Cámara de Diputados. Y dio una prueba más de amor a Cristina y Néstor Kirchner: colocó al ministro de Economía, Jorge Jiménez, como uno de los escuderos oficialistas en el Congreso Nacional. Jiménez es ahora vicepresidente de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), un organismo integrado por todos los ministros provinciales y cuyos dictámenes en materia impositiva suelen ser indiscutibles en los ámbitos gubernamentales. Y, en particular, la CFI se encarga del estricto cumplimiento del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. El debut del funcionario tucumano en el cargo no fue del todo ideal. Tuvo que explicar cómo se cumple la garantía del 34% de distribución de la coparticipación ante senadores que alguna vez gobernaron provincias (Adolfo Rodríguez Saá, Juan Carlos Romero o Carlos Verna, por caso).
Trascendió que el cargo estaba asignado a Salta, pero que por sugerencias del ministro de Economía, Amado Boudou, el puesto recayó en Tucumán. En juego están no menos de $ 10.000 millones que es lo que genera el cobro del impuesto al Cheque y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), algo que el Gobierno nacional no está dispuesto a ceder.
El silencio alperovichista puede haberle costado a Tucumán $ 2.000 millones en los últimos seis años, por la no distribución de los recursos coparticipables, ya que la Nación transfirió por debajo de aquel piso del 34%. Sin embargo, no hay quejas.
Alperovich trató el martes de pintarle a los empresarios un panorama de previsibilidad. Para los próximos 18 meses de gestión que le queda al mandatario están asegurados los $ 180 millones a $ 200 millones mensuales que se necesitan para pagar sueldos. En otras palabras, según el jefe del Ejecutivo, no hay nubarrones financieros que hagan peligrar el consumo de un sector masivo como el estatal.
A partir de este año, el Gobierno nacional regularizó el flujo de fondos de coparticipación (unos $ 250 millones netos mensuales promedio), por lo que el Estado no tendría inconvenientes para hacer frente al creciente gasto público.
A los empresarios que quieran invertir en Tucumán, el Ejecutivo está dispuesto a activar plenamente los beneficios de la ley de promoción o bien otorgar exenciones impositivas de acuerdo con las características de los proyectos que se formulen. En el Ejecutivo dicen que no hay tantos frentes de conflictos abiertos. Tan sólo el Ministerio que conduce Pablo Yedlin no goza de buena salud, según la hipótesis oficial. Sucede que el conflicto en los hospitales vuelve a poner los pelos de punta al gabinete, no sólo por los efectos económicos del planteo salarial, sino por las consecuencias sociales de la protesta. En esto hay dos corrientes de opinión. Una que sostiene que, con autoconvocados, no se puede dialogar, y que las negociaciones deberían ser canalizadas a través de las organizaciones sindicalizadas. Otra que sugiere alcanzar un arreglo definitivo. En ambas está en juego el ahorro fiscal generado por las medidas de contención del gasto, afirman los técnicos del poder. Desde octubre del año pasado, el Gobierno habría reducido el gasto en $ 100 millones, por el control en la distribución de las partidas presupuestarias a todas las áreas del Estado.
Falta más de un año para los próximos comicios. Las candidaturas aún están verdes, pero el gobernador intenta que no maduren los conflictos. Los sondeos de opinión están a la orden del día. Y Alperovich está decidido a jugar su última ficha para consolidar su imagen en Tucumán o instalarse definitivamente en el escenario nacional, si es que algún Kirchner lo permite. De una u otra manera, la campaña electoral ya está en marcha para el gobernador.
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