07 Abril 2010
JUEZ JUZGADO. En 2008, Garzón se declaró competente para investigar acerca de la desaparición de miles de personas durante el franquismo. REUTERS
MADRID, España.- El juez de instrucción español Baltasar Garzón será juzgado por prevaricación al haber investigado acerca de los desaparecidos de la guerra civil española y de la dictadura franquista (1936-1975), desafiando una ley de amnistía general.
El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, actuando ante querellas de grupos de extrema derecha contra el magistrado, debe notificar hoy a las partes el final de su instrucción. Entonces, será suficiente que uno de los querellantes dirija un escrito de acusación para activar el proceso.
La decisión de Varela acarreará en breve plazo la suspensión de Garzón de sus funciones de juez de instrucción de la Audiencia Nacional, alta instancia penal española que se ocupa de los casos de terrorismo, crímenes contra la humanidad y la criminalidad organizada.
La querella, admitida a trámite el 27 de mayo de 2009, fue interpuesta por el sindicato de funcionarios "Manos Limpias", a la que adhirieron la asociación "Libertad e Identidad" y la formación Falange Española. Aunque se presentaron por separado, el juez agrupó a las tres en una causa.
Un duro golpe
Según los querellantes, Garzón se declaró competente en 2008 para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo, incurriendo así en un delito de prevaricación.
En su procedimiento penal, el magistrado acusó al dictador Francisco Franco y a otros 44 ex altos funcionarios de su régimen, todos ya fallecidos, de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de más de 100.000 personas durante esa etapa.
En noviembre de 2008, un mes después de abierta la causa, tuvo que abandonarla, al verse confrontado con un contundente recurso de la fiscalía. Su alejamiento fue un duro golpe para los familiares de las miles de víctimas. La pesquisa pasó entonces a manos de los distintos juzgados territoriales del país. (AFP-NA-DPA)
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