En 22.524 kilómetros cuadrados habitan poco más de un millón y medio de personas. Por esa razón, Tucumán es una de las provincias más densamente pobladas del país (67 habitantes por kilómetro cuadrado). En esta tierra, las mujeres siguen siendo mayoría: la población femenina está integrada por 685.000 personas. Superan en 16.500 habitantes a los hombres.

Tucumán es uno de los seis distritos electorales más importantes del país. Y también el eje del movimiento comercial del NOA, pese a que su economía representa tan sólo el 2% del Producto Bruto Interno de la Argentina. En esta tierra, unos 153.000 trabajadores del sector privado están registrados. Esa dotación representa casi el 2,7% de la fuerza laboral del país. Y, según los datos oficiales, registra el segundo sueldo más bajo del país: $ 1.904 al mes. Esos ingresos apenas alcanzan a cubrir los gastos mensuales de la canasta básica total -compuesta por alimentos y servicios esenciales- medida para una familia tipo tucumana (matrimonio y dos hijos menores). Seguramente que los poco más de 90.000 asalariados sin descuentos jubilatorios, que en la jerga común se los conoce como empleados en negro, no llegan a reunir esa suma mensual. Ellos y sus familias están condenados a vivir en situación de pobreza. A propósito, según los últimos informes del Indec, en el Gran Tucumán-Tafí Viejo los niveles de pobreza no supera al 30% de la población.

Tan expuesta como esta franja de población está el ejército de desocupados, esos 35.000 que periódicamente el organismo estadístico los coloca en vulnerabilidad laboral. Aunque los indicadores oficiales dieron cuenta que 2009 cerró con una desocupación del 8,1%, los tucumanos (mujeres y varones, en ese orden) están prácticamente sin cobertura. La tasa de desempleo en las personas de hasta 29 años supera holgadamente el 16% del total de la franja etaria.

Todos estos datos se pondrán a prueba y se cotejarán con los resultados que se obtengan en el Censo Nacional de Población. La información que se recabe a través de ese censo será fundamental, por caso, para que los gobernantes tucumanos reclamen al Gobierno nacional una porción de la torta de ingresos mayor al 4,75% actual que se coparticipa de la recaudación de impuestos nacionales. Esos fondos son vitales para que la gestión pueda hacer frente al creciente gasto público que este año trepó a los $ 7.000 millones (es decir, una erogación anual de $ 4.635 por habitante). La demanda de servicios básicos seguirá siendo infinita, pero el Gobierno no tendrá que depender del humor de la Casa Rosada para administrar el dinero que le corresponde. Del mismo modo, el censo puede desnudar las necesidades financieras de cada municipio o de cada comuna rural para exigirle a la Provincia más fondos de lo que recibe en la actualidad. El componente demográfico es la carta hacia la autonomía financiera.

El 27 de octubre tal vez sea el feriado nacional menos tenido en cuenta por la población, pero puede marcar la redefinición de un nuevo mapa político: Tucumán puede aspirar a tener más bancas en el Congreso, en función de la cantidad de habitantes, si el Indec revela todos los datos recogidos en campo.

La vigencia del censo se formalizó a través del decreto 67, firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 14 de enero pasado. Aún resta por definir la cifra de censistas que se convocarán para relevar los datos.

Los expertos proyectan que para efectuar el trabajo, en Tucumán debería reclutarse no menos de 18.000 censistas. El proceso no resulta sencillo a simple vista. Según trascendió, el Gobierno nacional estaría dispuesto a pagar alrededor de $ 200 por el relevamiento a cada persona reclutada. De hecho, el artículo 15 del decreto presidencial alude al pago de una suma fija no remunerativa en concepto de reconocimiento de gastos derivados del desempeño de la tarea censal.

El artículo siguiente, el 16, pone más claridad a lo que puede llegar ese feriado de miércoles: los estatales pueden salir a la cancha a efectuar el Censo Nacional de Población. Si es que los organismos designados para la coordinación del plan no alcanzan a reclutar la cantidad necesaria de censistas, puede echar mano al personal del sector público, particularmente los docentes que ya tienen experiencias de años pasados. Aún no hay definición al respecto. Pero si los estatales son convocados, su tarea revestirá el rol de carga pública, es decir que pueden llegar a ser sancionados en caso de que se resistan a efectuarla, salvo si se justifica razones de enfermedad o de fuerza mayor.

El Censo y sus resultados pueden entrar a escena en el convulsionado escenario político, económico e institucional del país. No obstante, las cifras que se obtengan -si se difunden totalmente- pueden llegar a poner entre la espada y la pared al Gobierno (nacional y provincial). El cotejo de datos revelará si la Argentina 2010 es el modelo que muestran las mediciones del Indec o si hay un país más profundo, donde las mediciones oficiales sólo llegan una vez cada 10 años.