La entrega de sobornos a legisladores en 2000 para aprobar la reforma laboral, sumada a las sospechas en la forma en la que se habrían negociado regulaciones clave para el sector privado (como las de hidrocarburos o patentes), puso al Congreso de la Nación en una crisis sin antecedentes. Ello ocurrió hace ya una década; desde entonces, y pese a algunos intentos de diferentes autoridades del Parlamento por recuperar cierta legitimidad perdida, la crisis se profundizó y el Poder Legislativo nacional continuó siendo percibido -según el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional- como una institución poco transparente.

El envío por parte del Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la famosa resolución 125 y, luego, las elecciones de 2009 que modificaron la composición de ambas Cámaras, volvieron al Parlamento un ámbito de real debate y en el cual se toman decisiones relevantes de políticas públicas.

De esta manera, diferentes sectores del campo, distintas organizaciones sociales y representantes de medios de comunicación (al discutirse la nueva ley de medios audiovisuales) llevaron adelante procesos de lobby para acercar sus posiciones y lograr un voto a favor de sus intereses. En este contexto, donde el Congreso se revitalizó como actor central en la toma de decisiones, es imprescindible contar con normas y procedimientos que garanticen la transparencia, la igualdad de oportunidades y el acceso a la información pública.

Si el lobby está regulado y se practica de manera transparente, es una actividad que permite enriquecer el debate público. Por el contrario, sin una adecuada regulación, la actividad de cabildeo aumenta las oportunidades de que se comentan actos de corrupción y de cooptación de organismos y funcionarios con poder de decisión.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) se propuso, a partir de acuerdos previos, elaborar una propuesta normativa de lobby para el Congreso. El resultado son textos altamente consensuados que fueron presentados a legisladores y autoridades. La Legislatura tiene pendiente la regulación de la gestión de intereses privados para que esa práctica se ejerza en un ámbito reglado y transparente, siendo controlada y legitimada.

La nueva agenda parlamentaria debería incorporar este tema para que el Congreso vuelva a ser, definitivamente, la institución más representativa de nuestra República.