"La Constitución no hace magia. Pero si se la conoce o se sabe qué función cumple en nuestro sistema, cada habitante tendrá más claro cuáles exigencias o comportamientos podrá demandar a los poderes del estado, o cuáles cuestionamientos podrá formularles". Esto destaca Susana Cayuso, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, cuando explica la importancia de la campaña "Chau indiferencia/Ahora la Constitución", en virtud de la cual los lectores, junto a la edición del martes de LA GACETA, recibirán gratuitamente un ejemplar de la Carta Magna.

Si bien Cayuso hizo del estudio de la Constitución el centro de sus inquietudes intelectuales (es titular de la materia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires), está muy preocupada por la falta de conciencia social sobre el valor de la norma fundamental y advierte que esto incide en la debilidad institucional que impera en el país. "Alarma el desconocimiento de los límites que la Constitución impone al ejercicio de los derechos y, especialmente, a quienes ejercen los poderes constituidos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Entonces, conocer la Constitución, ayuda a fortalecer la república", resalta durante una entrevista telefónica.

- ¿Una mayor educación sobre la importancia de la Constitución terminaría incomodando a quienes ejercen los poderes del Estado?

- Sí, porque aparecería una mayor exigencia, por ejemplo, respecto de los partidos políticos, que son los intermediarios democráticos, o respecto de quienes ejercen cargos de gobierno, porque tienen mayor responsabilidad de respetar la división de poderes, la alternancia, el reconocimiento de derechos y garantías ciudadanas, o la idoneidad como requisito para el acceso a los cargos públicos. Una mayor formación cívica permite ser más exigentes respecto de nuestra calidad democrática o de las condiciones que supone una república.

- Si hay que hacer campaña para fortalecer la conciencia institucional, ¿eso implica que las república está debilitada?

- Hay un fuerte debilitamiento por falta de controles que están previstos en la Constitución y por cómo se desarrollan ciertas condiciones que exige la república, como la división de poderes. Cada poder debe saber que está sujeto al control de los otros y que los tres, en nuestro sistema constitucional federal, están en pie de igualdad en orden a sus competencias. Son corresponsables de la calidad de gobernar, aunque, sin duda, el Congreso es el órgano democrático por excelencia, porque representa a todos, a la pluralidad de concepciones que hay en la sociedad.

- Pese a eso suele admitirse como normal la absoluta preeminencia del Poder Ejecutivo.

- Eso no surge del texto constitucional. En el caso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), por ejemplo, el dictado de estos es un acto complejo, que requiere necesariamente la intervención del Poder Ejecutivo y del Congreso. Así se lo estructuró en la reforma constitucional de 1994. Justamente, porque excepcionalmente se le permite al Ejecutivo que ejerza una función legislativa bajo determinadas condiciones, es imprescindible la intervención de ambas Cámaras del Congreso. Esto, lamentablemente, no está claro en la sociedad en general ni en los propios poderes en particular.