Dos años después de haber firmado un decreto que involucra el uso de casi $ 21 millones, el intendente de la capital, Domingo Amaya, solicitó al Concejo Deliberante que ratifique ese documento.
Se trata del decreto Nº 1.393 firmado el 8 de abril de 2008, mediante el cual el jefe municipal convalidó el convenio firmado ese mismo día con el gobernador, José Alperovich, para la creación del Programa de Infraestructura Urbana, que preveía la realización de numerosas obras públicas. En ese instrumento, Amaya hizo mención a la ordenanza 3.927, de diciembre de 2007, que lo facultó a celebrar acuerdos con la Nación o con la Provincia para obtener fondos reintegrables o no reintegrables que le permitan financiar trabajos públicos en la ciudad.
Lo llamativo es que el convenio rubricado con el Ejecutivo llegó a manos de los concejales casi dos años después: ingresó por Mesa de Entradas a las 19.40 del pasado viernes 12. El expediente consta, por un lado, de una exposición de motivos redactada por Amaya en la que solicita el acompañamiento de los ediles. Por otra parte, hay un proyecto de ordenanza que ratifica lo actuado por él dos años atrás. Además, en el artículo tercero se faculta al jefe municipal a ceder en favor del Gobierno provincial los recursos coparticipables, o cualquier otro recurso de libre disponibilidad, para devolver mensualmente el préstamo de casi $ 21 millones tomado con el Ejecutivo.
Según consta en el convenio original firmado por Amaya y por Alperovich, el Programa de Infraestructura Urbana -ahora sometido a ratificación del Concejo Deliberante- es financiado por el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional. Entre las obras descriptas, figuran la recuperación de la peatonal Mendoza (entre Junín y 25 de Mayo), por $ 3,5 millones; y la pavimentación o repavimentación de 80 cuadras y de la avenida Américo Vespucio (entre Alem y Canal Sur), por unos $ 17,2 millones.
El convenio de 2008 no integra el orden del día para la sesión de hoy. Sin embargo, ya generó revuelo entre ediles opositores. Alarmado por la novedad, el radical José Luis Avignone reclamó al intendente que informe al Concejo si los fondos fueron utilizados y, en ese caso, cuál fue el destino dado por el municipio. También, se sorprendió por la demora en remitir el expediente. "Transcurrieron dos años para que dé cumplimiento a la Ley Orgánica de Municipalidades. La verdad es que esto asombra", planteó.
Por su parte, fuentes del Departamento Ejecutivo reconocieron que hubo un olvido administrativo, pero aclararon que obedeció a que se dilató la llegada de los fondos (de origen nacional). Aclararon que cuando el dinero fue acreditado, el municipio no contaba con la ratificación expresa del Concejo, por lo que la Provincia no liberó las partidas a la municipalidad. "Con esto se completaría el trámite para poder empezar las obras", expresaron.