El Obarrio puede caer en desacato judicial

La disputa sobre el lugar donde deben ser asistidos siete presos que, según un estudio, consumen drogas en Villa Urquiza está llegando a un punto de ebullición. Aunque funcionarios del Ministerio de Salud continúan tratando de negociar la resolución judicial que ordena su alojamiento en el Hospital Psiquiátrico Obarrio, el juez de la sala VI de la Cámara Penal, Carlos Francisco Ruiz Vargas remarcó que el cumplimiento del dictamen es de carácter obligatorio. "Es imposible que en el mismo lugar donde se intoxicaron sean desintoxicados. Lo que estamos buscando con esto no es sólo proteger la salud del interno, sino la de toda la comunidad", remarcó el magistrado.

Hasta ayer, los siete reos no habían sido llevados al Obarrio, pese a que el oficio informaba que el traslado debía ser inmediato y urgente. "Si no se cumple con una resolución de estas características se estaría incurriendo en una desobediencia judicial, por lo que el fiscal de turno (Guillermo Herrera) podría iniciar de oficio una causa penal contra quien no la hubiera respetado", relató una fuente judicial.

"Tenemos la voluntad de trabajar en conjunto con la Justicia, de mantener reuniones de trabajo en donde quizás pudiéramos avanzar a algo intermedio. Así, por ejemplo, personal del Obarrio o del área de Adicciones podría trabajar en los penales o buscar otra salida. Lo que no tenemos es capacidad para dar respuesta a todos los pacientes con problemas de adicciones que están en las cárceles", dijo el ministro de Salud, Pablo Yedlin.

En noviembre, uno de los 78 presos a cargo de la sala VI de la Cámara Penal fue sorprendido con droga en su poder en la cárcel. A raíz de esto, Ruiz Vargas ordenó que todos ellos fueran sometidos a estudios por el Cuerpo Médico Forense. En diciembre, se le dio un resultado parcial del informe al camarista: siete de 15 reos habían consumido marihuana o cocaína, y uno otro había ingerido psicofármacos. El magistrado decidió que el primer grupo fuera internado en la sala de agudos del Obarrio. Según la directora de hospital, Nélida Romano, la institución no puede recibirlos por falta de espacio. Incluso, el personal ya avisó que no prestará servicios si los reos son trasladados. "Tengo en claro que la orden debe ser acatada, pero aún no me llegó ningún oficio. Sin embargo, solicité una audiencia con el juez para pedirle que venga al hospital a conocerlo, tanto en su espacio interior como en lo que lo rodea", dijo Romano. "Queremos llegar a un acuerdo. Estos son temas que nos afligen a todos", dijo Yedlin. Por su parte, Ruiz Vargas no considera aún viable que los reos sean asistidos en la cárcel. "Debería existir un lugar específico para estos pacientes, pero hoy no lo hay. Eso es algo que debe resolver el Ejecutivo. Pero yo no puedo quedarme en eso. Lo que intentamos es evitar la reincidencia y que, en caso de que suceda, que el acusado deba ser absuelto por inimputabilidad", aseveró el juez.