11 Febrero 2010
El ministro de Infraestructura Federal, Julio de Vido, fue denunciado penalmente por la designación al frente de la "Cuenca Matanza-Riachuelo" de Alberto Daniel García, quien está procesado en la causa por el llamado "Caso Greco".
La denuncia fue hecha por el abogado porteño Ricardo Monner Sans, y recayó en el Juzgado Federal 9, a cargo del juez Julián Ercolini, con intervención del fiscal federal Miguel Osorio.
García fue designado al frente del sector jurídico de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, organismo que funciona en jurisdicción de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
En la copia que Monner Sans envió a LA GACETA, consta que el letrado pidió que se investigue si De Vido violó el artículo 253 del Código Penal. Dicha norma reprime con multa (de $ 750 a $ 12.500) con más inhabilitación especial de 6 meses a 2 años, al funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. La aludida norma castiga, de igual manera, al que "aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales".
Porque, prosiguió el abogado, "la información indica que Alberto Daniel García se encuentra procesado por otro de los escándalos de corrupción en los tiempos del kirchnerismo, el llamado Caso Greco", de un supuesto fraude en el pago de fondos públicos a un grupo económico privado. El denunciante solicitó al juez que cite a declarar a De Vido y a García.
Para Monner Sans, a su vez presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, "más allá de las normas internacionales que hemos suscrito comprometiéndose el poder político y judicial a combatir la corrupción, la República Argentina no deja de bajar escalones, año a año, en la medición de la corrupción".
"La información disponible indica que la Argentina no deja de bajar escalones, año a año, en la medición de la corrupción", agrega Monner Sans en su escrito.
La denuncia fue hecha por el abogado porteño Ricardo Monner Sans, y recayó en el Juzgado Federal 9, a cargo del juez Julián Ercolini, con intervención del fiscal federal Miguel Osorio.
García fue designado al frente del sector jurídico de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, organismo que funciona en jurisdicción de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
En la copia que Monner Sans envió a LA GACETA, consta que el letrado pidió que se investigue si De Vido violó el artículo 253 del Código Penal. Dicha norma reprime con multa (de $ 750 a $ 12.500) con más inhabilitación especial de 6 meses a 2 años, al funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. La aludida norma castiga, de igual manera, al que "aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales".
Porque, prosiguió el abogado, "la información indica que Alberto Daniel García se encuentra procesado por otro de los escándalos de corrupción en los tiempos del kirchnerismo, el llamado Caso Greco", de un supuesto fraude en el pago de fondos públicos a un grupo económico privado. El denunciante solicitó al juez que cite a declarar a De Vido y a García.
Para Monner Sans, a su vez presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, "más allá de las normas internacionales que hemos suscrito comprometiéndose el poder político y judicial a combatir la corrupción, la República Argentina no deja de bajar escalones, año a año, en la medición de la corrupción".
"La información disponible indica que la Argentina no deja de bajar escalones, año a año, en la medición de la corrupción", agrega Monner Sans en su escrito.
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