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ampliar | NECESIDAD. Luis Bussi (izquierda) y Romano Norri (derecha) dicen que Tucumán debe tener una Ley de Etica Pública. LA GACETA / JORGE OLMOS SGROSSO

La inexistencia de una Ley de Etica Pública en Tucumán, que regule y controle el accionar de los funcionarios públicos, reavivó la polémica entre los referentes opositores. En rigor, legisladores consultados por LA GACETA coincidieron en afirmar que una norma específica ayudaría a disipar las sospechas permanentes que pesan sobre quienes ocupan cargos públicos. También, para que los ciudadanos tengan acceso libre a información necesaria para evaluar la conducta de los gobernantes, como la declaración de bienes.

Una "sociedad auditora"

El parlamentario radical, Federico Romano Norri, consideró como "muy importante" que se legisle al respecto y se comprometió a trabajar en una norma que aborde la ética pública.

"Cuando exista, será vital que se cumpla. Porque esto hace a la transparencia de los actos de gobierno y de los que conducen los destinos de una Provincia", señaló. El presidente de la UCR consideró que cualquier persona debe tener la posibilidad de acceder por internet a las declaraciones juradas de las autoridades del Estado, y saber cuánto cobra o cómo creció el patrimonio de un juez o de un legislador. "De esta manera, dejaría de haber un manto de sospecha sobre los que manejan la cosa pública. Un funcionario es un servidor público y los tucumanos tienen el derecho de saber cómo se manejan los recursos del estado", opinó.

Asimismo, dijo que durante su anterior período como legislador (1999-2003) presentó iniciativas relacionadas con la transparencia. "Pero una ley permitiría que la sociedad audite a los funcionarios. La transparencia hace a un buen gobierno", cerró el opositor.

Por su parte, el legislador Luis José Bussi ve un trasfondo cultural en la ausencia de la ley. "En Tucumán somos muy propensos a no cumplir las reglas. Portamos un problema cultural que es uno de los factores del comportamiento humano, como el divorcio de la ética y la moral", detalló. El referente del partido Republicano Fundacional sostuvo que se necesita una "fuerte acción del Estado" para controlar el ámbito político y una buena campaña de comunicación y de pedagogía que corrija esta situación. "Presenté proyectos vinculados con la transparencia y estamos elaborando un plan de seguridad integral que también incluye cambios de conductas en general. Una de las propuestas que presenté es para que las reuniones de comisiones sean públicas y otra es para que los funcionarios rindan cuentas una vez concluidas sus funciones", detalló.

Sin embargo, aseveró que "no prosperan porque sólo lo hacen las leyes que son voluntad del gobernador (José Alperovich). Inclusive, a veces ni los mismos oficialistas pueden ver sus proyectos convertidos en leyes", concluyó.

Tal como planteó en su edición de ayer este diario, Argentina cuenta con una ley nacional sobre Etica Pública desde hace 11 años. Sin embargo, la creación de un registro de obsequios presidenciales, por ejemplo, nunca se instrumentó. Tampoco se convocó a la comisión nacional de Etica Pública en el marco del Congreso. En Tucumán, no obstante, la situación no varía demasiado. El Gobierno, sin embargo, aduce que muchísimas normas prevén mecanismos para luchar contra la corrupción. Por ejemplo, el estatuto para los empleados públicos.