Entre 1991 y 2006, la Cámara dispuso la destitución de cuatro magistrados. Sin embargo, en dos casos, el Poder Judicial restituyó a los funcionarios.

Durante esos 15 años funcionó el Tribunal de Juicio Político (TJP) de la Legislatura unicameral, que ya no existe, integrada por 28 parlamentarios. Tiempo antes -durante la vigencia de la Constitución de 1907-, el Senado provincial resolvía la remoción de los miembros de la Justicia.

A partir de la reforma de 2006, esta instancia está reservada al Jurado de Enjuiciamiento, institución creada por la Convención Constituyente y conformada por cinco legisladores (sólo uno integra la oposición), un representante del Ejecutivo, otro de los abogados y un miembro de la Corte Suprema de Justicia.

El suprimido TJP debutó en febrero de 1994, cuando separó de su cargo a la jueza Silvana Sánchez Tardán. En octubre de ese mismo año destituyó a la fiscala Joaquina de los Angeles Vermal, quien luego volvió al cargo porque se habían producido graves errores de forma durante el proceso.

En marzo de 2004, el tribunal parlamentario dispuso, por unanimidad, la remoción del fiscal Héctor Abraham Musi, en medio del escándalo por las camionetas 4x4 truchas. El último caso se sustanció en enero de 2006, cuando se separó a Alicia Freidenberg como camarista penal. El año pasado, la jueza volvió a su despacho, repuesta a partir de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de que se revise su destitución.

Aparte de estos casos, hubo otros procesos plenarios que concluyeron con la absolución de los acusados, como los casos de los ex fiscales Estofán y Esteban Jerez (actual legislador) y del ministro fiscal de la Corte Suprema, Luis de Mitri. En la órbita política, tampoco prosperaron los pedidos de destitución contra el ministro Carlos Quijano ni contra el gobernador Antonio Domingo Bussi, durante 1998.

En 2004, además, dos magistrados renunciaron a sus cargos justo antes de que la comisión de Juicio Político pidiese su expulsión de la Justicia: el ex juez Civil y Comercial Común Julio César Mustafá y el ex fiscal Gustavo Estofán. La opción de la dimisión voluntaria hace caer todo trámite en su contra, ya que el juicio político tiene como finalidad principal la separación del funcionario de su cargo (excepcionalmente, se lo puede suspender para el ejercicio de la función pública).