Pasó el primer mes de la crisis institucional y sólo había que sobrevivir. En estos 40 días de peleas por el uso de las reservas internacionales del Banco Central, el Gobierno nacional prácticamente abandonó a su suerte a las provincias.
Las licencias masivas del personal y las consecuentes restricciones de los servicios administrativos disimularon una situación que para los gobernadores hubiera sido negativa. Faltó dinero en la caja diaria de cada distrito del interior. Concentrado en las peleas políticas y jurídicas para crear ese famoso Fondo del Bicentenario, el Gobierno nacional sólo asistió a algunas provincias. Hubo mínimas transferencias de anticipos financieros a distritos patagónicos y la cancelación de la deuda que la gestión de Cristina Fernández de Kirchner mantenía con Córdoba.
¿Tucumán? Bien, gracias. Con el gobernador, José Alperovich, descansando en alguna playa de Punta del Este (seguirá en ese balneario, al menos, hasta el sábado o domingo que viene), la Provincia estuvo en una suerte de piloto automático. La mayor parte de la conducción política del alperovichismo se fue de vacaciones. Y el mandatario, antes de tomarse la segunda parte de su licencia, dejó en manos del ministro de Economía, Jorge Jiménez, las gestiones ante la Casa Rosada y ante el Palacio de Hacienda con el fin de obtener una ayuda financiera a cuenta del demorado Plan de Asistencia Financiera (PAF). En realidad, esas tratativas fueron una suerte de cachetazo hacia la realidad para el Gobierno tucumano. Los técnicos de Economía de la Nación tienen todos sus sentidos puestos en las reservas que no se pueden tocar. Tal vez Néstor Kirchner tenga razón. Esa plata, en vez de ser utilizada para atender los vencimientos de la deuda de este año (el argumento esgrimido en los papeles), sirva para ser redistribuida a las provincias y los municipios cercanos al poder, tal como el ex presidente de la Nación lo reveló ante los intendentes bonaerenses.
Enero no fue el mes de la abundancia para la gestión de Alperovich si se toma en cuenta que las transferencias de recursos coparticipables serán casi de los mismos niveles que igual período del año anterior. Si persiste esa tendencia, Tucumán tendrá problemas desde el punto de vista fiscal y el gobernador deba hacer algún ajuste de tuerca adicional en el gasto público de esos que duelen desde el punto de vista político.
No obstante, falta observar el comportamiento de la recaudación provincial. La Dirección General de Rentas ya ha diseñado su estrategia 2010. Los operativos de fiscalización serán más evidentes que en otros períodos, tal como lo advirtió el titular del organismo, Pablo Clavarino. El informe que el funcionario recibió de parte del Departamento de Inteligencia Fiscal (lo integran comisarios, contadores, abogados y otros profesionales) le detalla el esquema sobre la manera en que los empresarios evaden emitir facturas sujetas a tributos. Uno de los casos más evidentes -pero no el único- es el de los hoteles alojamiento. Cuentan en el organismo que uno de esos albergues había presentado una facturación anual de $ 68.000. "No creo que haya un local que se mantenga tanto tiempo a pérdida. En algún lado debe estar la rentabilidad del negocio", dicen que afirmó Clavarino al ver los resultados. En otra oportunidad, cuentan que, con periodicidad, el propio director de Rentas sale a la calle a realizar los controles, en particular, en comercios denunciados por la no emisión de facturas o tickets. La omnipresencia del Estado será una constante en este 2010. El Estado necesita recaudar no menos de $ 110 millones mensuales. Y ese es uno de los objetivos del endurecimiento de los operativos de fiscalización, más allá del fin de que todos deben tributar por las actividades que desempeñan.
En este contexto se mueve el Gobierno provincial, confiado en que la recaudación provincial no se caerá estrepitosamente y en consolidarse como la quinta o la sexta provincia del país con mayor nivel de ingresos.
El mes se va con signo positivo y con la promesa nacional de millonarios desembolsos para los próximos dos meses. Las cuentas públicas provinciales pueden llegar a cerrar con un superávit de caja no inferior a $ 1,5 millón. Eso es lo que proyecta el propio ministro de Economía, que termina enero raspando la olla. Otro hubiera sido el resultado si este mes la Provincia debía atender mayores compromisos con sus acreedores.
En Buenos Aires, piden al aliado Alperovich que espere unas semanas más. Hasta ahora, se mantienen las promesas de que, al promediar febrero, se le girará unos $ 50 millones a cuenta del PAF y una misma suma llegará en los primeros días de marzo. Precisamente, ese es uno de los meses más complicados del año. El Gobierno de la Provincia necesita la plata cuanto antes. En febrero hay que prever el pago de las ayudas escolares y otros incentivos que el Estado suele dar antes de la discusión por mejoras en el sector público. En suma, los tiempos políticos se aceleran con mayor velocidad que la agujas del reloj, pero los millones todavía no aparecen.
Las licencias masivas del personal y las consecuentes restricciones de los servicios administrativos disimularon una situación que para los gobernadores hubiera sido negativa. Faltó dinero en la caja diaria de cada distrito del interior. Concentrado en las peleas políticas y jurídicas para crear ese famoso Fondo del Bicentenario, el Gobierno nacional sólo asistió a algunas provincias. Hubo mínimas transferencias de anticipos financieros a distritos patagónicos y la cancelación de la deuda que la gestión de Cristina Fernández de Kirchner mantenía con Córdoba.
¿Tucumán? Bien, gracias. Con el gobernador, José Alperovich, descansando en alguna playa de Punta del Este (seguirá en ese balneario, al menos, hasta el sábado o domingo que viene), la Provincia estuvo en una suerte de piloto automático. La mayor parte de la conducción política del alperovichismo se fue de vacaciones. Y el mandatario, antes de tomarse la segunda parte de su licencia, dejó en manos del ministro de Economía, Jorge Jiménez, las gestiones ante la Casa Rosada y ante el Palacio de Hacienda con el fin de obtener una ayuda financiera a cuenta del demorado Plan de Asistencia Financiera (PAF). En realidad, esas tratativas fueron una suerte de cachetazo hacia la realidad para el Gobierno tucumano. Los técnicos de Economía de la Nación tienen todos sus sentidos puestos en las reservas que no se pueden tocar. Tal vez Néstor Kirchner tenga razón. Esa plata, en vez de ser utilizada para atender los vencimientos de la deuda de este año (el argumento esgrimido en los papeles), sirva para ser redistribuida a las provincias y los municipios cercanos al poder, tal como el ex presidente de la Nación lo reveló ante los intendentes bonaerenses.
Enero no fue el mes de la abundancia para la gestión de Alperovich si se toma en cuenta que las transferencias de recursos coparticipables serán casi de los mismos niveles que igual período del año anterior. Si persiste esa tendencia, Tucumán tendrá problemas desde el punto de vista fiscal y el gobernador deba hacer algún ajuste de tuerca adicional en el gasto público de esos que duelen desde el punto de vista político.
No obstante, falta observar el comportamiento de la recaudación provincial. La Dirección General de Rentas ya ha diseñado su estrategia 2010. Los operativos de fiscalización serán más evidentes que en otros períodos, tal como lo advirtió el titular del organismo, Pablo Clavarino. El informe que el funcionario recibió de parte del Departamento de Inteligencia Fiscal (lo integran comisarios, contadores, abogados y otros profesionales) le detalla el esquema sobre la manera en que los empresarios evaden emitir facturas sujetas a tributos. Uno de los casos más evidentes -pero no el único- es el de los hoteles alojamiento. Cuentan en el organismo que uno de esos albergues había presentado una facturación anual de $ 68.000. "No creo que haya un local que se mantenga tanto tiempo a pérdida. En algún lado debe estar la rentabilidad del negocio", dicen que afirmó Clavarino al ver los resultados. En otra oportunidad, cuentan que, con periodicidad, el propio director de Rentas sale a la calle a realizar los controles, en particular, en comercios denunciados por la no emisión de facturas o tickets. La omnipresencia del Estado será una constante en este 2010. El Estado necesita recaudar no menos de $ 110 millones mensuales. Y ese es uno de los objetivos del endurecimiento de los operativos de fiscalización, más allá del fin de que todos deben tributar por las actividades que desempeñan.
En este contexto se mueve el Gobierno provincial, confiado en que la recaudación provincial no se caerá estrepitosamente y en consolidarse como la quinta o la sexta provincia del país con mayor nivel de ingresos.
El mes se va con signo positivo y con la promesa nacional de millonarios desembolsos para los próximos dos meses. Las cuentas públicas provinciales pueden llegar a cerrar con un superávit de caja no inferior a $ 1,5 millón. Eso es lo que proyecta el propio ministro de Economía, que termina enero raspando la olla. Otro hubiera sido el resultado si este mes la Provincia debía atender mayores compromisos con sus acreedores.
En Buenos Aires, piden al aliado Alperovich que espere unas semanas más. Hasta ahora, se mantienen las promesas de que, al promediar febrero, se le girará unos $ 50 millones a cuenta del PAF y una misma suma llegará en los primeros días de marzo. Precisamente, ese es uno de los meses más complicados del año. El Gobierno de la Provincia necesita la plata cuanto antes. En febrero hay que prever el pago de las ayudas escolares y otros incentivos que el Estado suele dar antes de la discusión por mejoras en el sector público. En suma, los tiempos políticos se aceleran con mayor velocidad que la agujas del reloj, pero los millones todavía no aparecen.
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