El verano arrancó con demasiado calor interno en la Casa de Gobierno. La temperatura corporal de dos ministros subió a puntos extremos, aunque el impensado roce de un lunes cualquiera puso fríos a otros dos testigos de la discusión. De un lado, el titular de Economía, Jorge Jiménez, pedía explicaciones acerca de las millonarias asistencias financieras a los municipios y a las comunas rurales.  "Vamos a tener problemas con la Nación", acometía. Del otro lado, el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, respondía que todo lo dicho en la entrevista con LA GACETA, publicada en la edición del domingo ("Este año, el PE destinó a los municipios casi $ 800 millones"), estaba documentado en leyes.
El presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, a cargo del Poder Ejecutivo, y el senador nacional Sergio Mansilla eran espectadores de un acalorado debate entre dos hombres que conocen el manejo de las finanzas (Jaldo fue ministro de Economía en la era mirandista). No pasó a mayores. Cada uno volvió a su despacho, pero en el ambiente del poder quedó la sensación de que el enfrentamiento está poco relacionado con el hecho en sí de la publicación. Lo que en la "popular" denominarían broncas viejas. Nada más. 
La asistencia financiera a los municipios y a las comunas no es un descubrimiento alperovichista. En tiempos de Julio Miranda nació el pacto de Saneamiento y la Paz Social, mediante el cual el Poder Ejecutivo se aseguraba lealtad política de los intendentes a cambios de créditos flexibles, para cubrir gastos corrientes (en buen romance, el pago de sueldos). En política, nada es gratis ni todo queda librado al azar.
Con la llegada de José Alperovich a la Gobernación, estos instrumentos de crédito se aggiornaron a "una nueva manera de hacer política", al decir del propio mandatario. En los primeros tres años de gestión, la ayuda crediticia osciló entre $ 300 millones a $ 500 millones y, luego, se fue afianzando a un promedio de $ 700 millones por año. En suma, el Ejecutivo otorgó préstamos por un monto cercano a los $ 4.400 millones. Sí, una cifra equivalente a la deuda pública estimada por el Gobierno.
La lealtad política de intendentes y comisionados rurales tiene un alto precio: la afectación casi total de los fondos que ingresan a cada jurisdicción. Todo va a parar a las cuentas oficiales del Ejecutivo.
La discusión interministerial se dio justo cuando el gobernador se encuentra de descanso con parte de su familia, en las playas de Jamaica. Muchos especulan que el debate es por el uso de la lapicera, es decir, de las autorizaciones para asignar, gastar y recuperar el dinero que tiene como destino el interior provincial, la base del caudal electoral alperovichista.
De un lado del mostrador se esgrime que el Ministerio de Economía de la Nación está focalizando su atención en el comportamiento financiero de las provincias. Todo lo que implique holgura fiscal u operaciones de inversión en tiempos de crisis es sujeto de estudio. Por eso, en el entorno de Jiménez señalan que $ 800 millones es el monto del préstamo, pero que, en realidad, el año cierra con una erogación neta de $ 120 millones, porque el resto se recupera con la coparticipación municipal.
Desde el otro mostrador, en los círculos cercanos de Jaldo, contestan que nada de eso se discute, pero sí el hecho de tomar decisiones desde una oficina, en donde los números son fríos, sin recorrer el interior y conocer sus necesidades. Pocas veces antes hubo discusiones internas en el gabinete por la toma de decisiones. De todas maneras, todo quedará en la nada -o tal vez haya alguno que otro tirón de orejas- a partir del domingo, cuando llegue el dueño de la lapicera.