Ley que fortalece la libertad de expresión

Ley que fortalece la libertad de expresión

24 Noviembre 2009
Un avance significativo hacia la libertad de expresión se concretó el miércoles pasado cuando la Cámara de Senadores de  la Nación sancionó por unanimidad una ley que elimina los artículos del título II ("delitos contra el honor") del Código Penal, que prescribían penas de prisión de hasta tres años por calumnias y de hasta un año por injurias.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso acataba un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del periodista Eduardo Kimel, condenado por cuestionar, en su libro "La masacre de San Patricio", la actuación de la justicia en la investigación de la masacre de sacerdotes y seminaristas católicos palotinos perpetrada en 1976 en la iglesia de San Patricio, en Buenos Aires, durante la última dictadura militar. El periodista fue condenado a un año de prisión con sanciones patrimoniales por criticar el desempeño de juez Guillermo Rivarola. La CIDH había ordenado en 2008 al Estado argentino dejar sin efecto la sentencia, indemnizar al periodista y reformar la legislación vigente en el país.
La iniciativa aprobada modifica varios artículos del Código Penal vinculados con las calumnias e injurias, como el que indicaba: "La calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública, será reprimida con prisión de uno a tres años". El proyecto expresa que "en ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas" y su sanción es estrictamente económica. En tanto, el artículo 110 que establecía que "el que deshonrare o desacreditare a otro, será reprimido con multa de $ 1.500 a $ 90.000 o prisión de un mes a un año", ahora dirá que "será reprimido con una multa de $ 1.500 a $ 20.000". Según la nueva ley, el acusado de calumnia o injuria no tendrá pena si decide retractarse públicamente, aunque esta retractación no se tomará para el acusado como la aceptación de su culpabilidad.
"Cuando comenzó la larga batalla judicial, en 1991, no sabía que el juicio podría terminar consagrando un mayor nivel de garantías a los derechos civiles. Esa idea comencé a incorporarla a medida que recibía el castigo de la Justicia argentina, que convalidaba con sus fallos - especialmente los de 1998 y 1999- no sólo una flagrante arbitrariedad sino también un cercenamiento jurídico a la libertad de expresión, con lamentables consecuencias para todos los que quisieran ejercer su derecho a criticar los actos de gobierno, que son los de todos los poderes del Estado, o intervenir en cualquier otro debate de interés público", dijo el periodista. "Por eso, ahora que el Congreso votó la ley de despenalización de injurias y calumnias, veo con satisfacción el final de esta prolongada lucha", acotó. Kimel consideró que la nueva disposición implica un enorme avance, pero no agota el tema. "Incluso ha quedado en pie el reclamo de ampliar la despenalización al terreno civil, para que este no se utilice como 'zona' para limitar y/o sancionar la libertad de expresión", agregó.
En los últimos años, la libertad de prensa en la Argentina se ha visto acosada por presiones del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, en esta oportunidad, consideramos que esta ley es un paso importante porque se eliminan las sanciones penales para el delito de calumnias e injurias. Sin embargo, hay asignaturas pendientes como el acceso a la información pública y aquella referida a la cláusula de conciencia, es decir el derecho de cada periodista a defender sus convicciones y ética en el marco de las relaciones laborales.
Como ya hemos dicho en oportunidades anteriores, la libertad de expresión es un derecho de los pueblos y no una concesión de los gobernantes de turno.

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