22 Noviembre 2009
LA GACETA
Entre tantas tensiones colectivas, este miércoles Tucumán tiene un motivo para celebrar. "Hemos conseguido que la violencia contra la mujer deje de estar soterrada para convertirse en una situación visible", anuncia con entusiasmo Beatriz Mirkin, ministra de Desarrollo Social. El triunfo no parece menor para un fenómeno que sólo en la capital genera cuatro consultas diarias. Una decena de homicidios violentos en 2008 aceleró el proceso de concientización que involucra a víctimas de todas las escalas socioeconómicas maltratadas durante años por sus parejas. Para que ese padecimiento no fuese en vano, la Organización de las Naciones Unidas designó en 1999 al 25 de noviembre como "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer".
Aunque ni los buenos ingresos garantizan la inmunidad frente al trato degradante, las mujeres más pobres son las que menos posibilidades tienen de superarlo. En esta hipótesis, la dependencia del agresor es absoluta. "Es muy difícil impedir los feminicidios, pero al menos anhelamos reducir la brecha de convivencia de la mujer con el agresor, como sucedió en España, que no excede los seis años", admite Mirkin. La situación de violencia se prolonga entre una y dos décadas en la mayoría de los casos tucumanos, según el Observatorio de la Mujer.
El desenterramiento del maltrato parece, sin embargo, el primer paso de un arduo programa de mediano y largo plazo. Gustavo Díaz Fernández, miembro del agrupación de derechos humanos Area Queer NOA, asegura que el propósito exige adoptar una ley de salud reproductiva -resistida por el sector conservador-: "la violencia contra la mujer está muy ligada a la vida sexual y a la concepción. ¿Qué mejor que trabajar esta problemática tan delicada con los alumnos en el ámbito de la asignatura de Educación Sexual?" La ministra de Desarrollo Social reconoce la importancia de esa legislación en la eliminación del maltrato: "Tucumán debió adherirse a la ley nacional (de 2003)". Afirma que hay que enviar un proyecto a la Legislatura. "Pero este asunto depende del Ministerio de Salud", remata.
De la mano del agresor
El frecuente desistimiento de las víctimas y los tres juzgados acéfalos del fuero de Familia de la capital (son siete en total) preocupan al defensor oficial Roberto Paz y al letrado Jorge Contrera, director interino del Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio de Abogados. Paz alega que un número significativo de mujeres no goza de la contención psicológica necesaria para concluir los procesos de protección de persona y divorcio. Ejemplifica: "los agresores llevan de la mano a las víctimas hasta la defensoría para que abandonen las acciones judiciales. Es evidente que ellas acceden porque fueron golpeadas, pero no admiten ni que están amenazadas ni que no lo están".
La flamante Oficina de Violencia Doméstica del Poder Judicial, que comenzará a funcionar durante el primer semestre de 2010, prevé imprimir una mejora cualitativa en la atención de estas causas, que en Tribunales son percibidas como un aluvión pendiente de cuantificación. "Aunque a veces no sea fácil, la prudencia manda respetar la opinión y la voluntad de la víctima; no queremos incentivar la judicialización excesiva de la vida familiar, sino recibir mejor a quienes solicitan la intervención de la Justicia", precisa Claudia Sbdar, vocal de la Corte Suprema de Tucumán. El organismo dispondrá de guardería infantil, y, además de asesoramiento legal, brindará asistencia médica y psicológica. Sbdar, promotora del proyecto, comenta que la Oficina seguirá los casos que derive a las defensorías y llevará un registro con fines estadísticos.
"La falta de dinero para tomar un taxi o un colectivo muchas veces impide escapar del agresor y asistir con regularidad a los talleres de autoayuda". La experiencia de cuatro años en la coordinación del Observatorio de la Mujer avala el comentario de Susana Noé de Teitelbaum, que en 2009 consiguió poner en marcha tres programas para aumentar la ayuda a las víctimas. "Pero nunca basta lo que hacemos: mientras digo esto quizá esté sucediendo un acto de violencia amparado en la mentalidad patriarcal", se queja. Lucía Briones, jefa del Departamento de Violencia, Mujer y Derechos Humanos del municipio capitalino, confirma la percepción de Teitelbaum. Según su opinión, cada vez hay más casos de maltrato en el noviazgo.
Cinco pasos para decir ¡Basta!
1- Como asistencia médica y la interrupción de la convivencia con el agresor, en el caso de peligro inminente. Conocer los derechos y servicios que protegen a la mujer en situación de violencia.
2- Requisito fundamental para la seguridad de la víctima y para solicitar en sede judicial la protección de la persona, la exclusión del hogar, el divorcio y la pensión alimenticia.
3- Garantía de contención y compañía durante un proceso que suele ser largo y doloroso. El clima de confianza permitirá a la mujer sobreponerse al avasallamiento.
4- En la mayoría de los casos, la propia mujer es la que toma la iniciativa. Allegados e instituciones pueden intuir la violencia a partir de señales físicas (lesiones), psicológicas (temor) y sociales (aislamiento).
5- Recuperar la autonomía y la autoestima para planear el futuro propio y de los hijos menores, si los hubiese. Supone resolver el problema de la vivienda y los ingresos, y reconstruir las redes familiares y sociales.
Fuentes: Observatorio de la Mujer (Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán) y Protocolo básico de actuación frente a casos de violencia contra la mujer (2008)
Aunque ni los buenos ingresos garantizan la inmunidad frente al trato degradante, las mujeres más pobres son las que menos posibilidades tienen de superarlo. En esta hipótesis, la dependencia del agresor es absoluta. "Es muy difícil impedir los feminicidios, pero al menos anhelamos reducir la brecha de convivencia de la mujer con el agresor, como sucedió en España, que no excede los seis años", admite Mirkin. La situación de violencia se prolonga entre una y dos décadas en la mayoría de los casos tucumanos, según el Observatorio de la Mujer.
El desenterramiento del maltrato parece, sin embargo, el primer paso de un arduo programa de mediano y largo plazo. Gustavo Díaz Fernández, miembro del agrupación de derechos humanos Area Queer NOA, asegura que el propósito exige adoptar una ley de salud reproductiva -resistida por el sector conservador-: "la violencia contra la mujer está muy ligada a la vida sexual y a la concepción. ¿Qué mejor que trabajar esta problemática tan delicada con los alumnos en el ámbito de la asignatura de Educación Sexual?" La ministra de Desarrollo Social reconoce la importancia de esa legislación en la eliminación del maltrato: "Tucumán debió adherirse a la ley nacional (de 2003)". Afirma que hay que enviar un proyecto a la Legislatura. "Pero este asunto depende del Ministerio de Salud", remata.
De la mano del agresor
El frecuente desistimiento de las víctimas y los tres juzgados acéfalos del fuero de Familia de la capital (son siete en total) preocupan al defensor oficial Roberto Paz y al letrado Jorge Contrera, director interino del Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio de Abogados. Paz alega que un número significativo de mujeres no goza de la contención psicológica necesaria para concluir los procesos de protección de persona y divorcio. Ejemplifica: "los agresores llevan de la mano a las víctimas hasta la defensoría para que abandonen las acciones judiciales. Es evidente que ellas acceden porque fueron golpeadas, pero no admiten ni que están amenazadas ni que no lo están".
La flamante Oficina de Violencia Doméstica del Poder Judicial, que comenzará a funcionar durante el primer semestre de 2010, prevé imprimir una mejora cualitativa en la atención de estas causas, que en Tribunales son percibidas como un aluvión pendiente de cuantificación. "Aunque a veces no sea fácil, la prudencia manda respetar la opinión y la voluntad de la víctima; no queremos incentivar la judicialización excesiva de la vida familiar, sino recibir mejor a quienes solicitan la intervención de la Justicia", precisa Claudia Sbdar, vocal de la Corte Suprema de Tucumán. El organismo dispondrá de guardería infantil, y, además de asesoramiento legal, brindará asistencia médica y psicológica. Sbdar, promotora del proyecto, comenta que la Oficina seguirá los casos que derive a las defensorías y llevará un registro con fines estadísticos.
"La falta de dinero para tomar un taxi o un colectivo muchas veces impide escapar del agresor y asistir con regularidad a los talleres de autoayuda". La experiencia de cuatro años en la coordinación del Observatorio de la Mujer avala el comentario de Susana Noé de Teitelbaum, que en 2009 consiguió poner en marcha tres programas para aumentar la ayuda a las víctimas. "Pero nunca basta lo que hacemos: mientras digo esto quizá esté sucediendo un acto de violencia amparado en la mentalidad patriarcal", se queja. Lucía Briones, jefa del Departamento de Violencia, Mujer y Derechos Humanos del municipio capitalino, confirma la percepción de Teitelbaum. Según su opinión, cada vez hay más casos de maltrato en el noviazgo.
Cinco pasos para decir ¡Basta!
1- Como asistencia médica y la interrupción de la convivencia con el agresor, en el caso de peligro inminente. Conocer los derechos y servicios que protegen a la mujer en situación de violencia.
2- Requisito fundamental para la seguridad de la víctima y para solicitar en sede judicial la protección de la persona, la exclusión del hogar, el divorcio y la pensión alimenticia.
3- Garantía de contención y compañía durante un proceso que suele ser largo y doloroso. El clima de confianza permitirá a la mujer sobreponerse al avasallamiento.
4- En la mayoría de los casos, la propia mujer es la que toma la iniciativa. Allegados e instituciones pueden intuir la violencia a partir de señales físicas (lesiones), psicológicas (temor) y sociales (aislamiento).
5- Recuperar la autonomía y la autoestima para planear el futuro propio y de los hijos menores, si los hubiese. Supone resolver el problema de la vivienda y los ingresos, y reconstruir las redes familiares y sociales.
Fuentes: Observatorio de la Mujer (Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán) y Protocolo básico de actuación frente a casos de violencia contra la mujer (2008)
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