En el Gobierno no les creyeron. Estamos decididos a luchar y reivindicar con dignidad la profesión que ejercemos, se anunciaba en una solicitada publicada el 30 de abril en LA GACETA. La firmaban los profesionales trabajadores de la salud del sur que denunciaban ser los peores pagados de la administración pública. Ese fue el punto de partida  del conflicto que ayer alcanzó su pico más alto de tensión. Desde el poder político, se apostó al desgaste del movimiento, que se fortaleció al ganar un consenso social que excedió la  perspectiva sectorial.  Esto fue así porque la queja del 30 de abril se provincializó. Así lo reconoció el jueves pasado el vicario general de la arquidiócesis Melitón Chávez, tras el fracaso del último encuentro. Ante el malestar que invadía los hospitales, el gobernador José Alperovich apeló a la Policía para neutralizar las formas más novedosas de protesta. Entendió que así reafirmaba el principio de autoridad, pero el diálogo sin concesión de aumentos salariales va a vía muerta. Alperovich lo sabe y ofrece, en cambio, la ilusión de una mejoría de la economía. Así las cosas, las perspectivas de acuerdo parecen disiparse.