29 Octubre 2009
BUENOS AIRES.- Los diputados aprobaron anoche y remitieron al Senado el proyecto de ley que despenaliza el delito de "calumnias e injurias". Significa una protección a la actividad periodística. El proyecto fue aprobado por 154 votos afirmativos contra 12 negativos.
La kirchnerista Nora César, presidenta de la comisión de Legislación Penal, explicó que la norma que modifica el capítulo del Código Penal referido a los "delitos contra el honor" es una obligación que pesa sobre el Estado argentino.
A su turno, la oficialista Diana Conti recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado argentino por el caso de Eduardo Kimel, un periodista condenado en forma penal y civil ante la denuncia de un juez. La diputada aclaró que la ley no protege a los funcionarios públicos y que, en realidad, les exige una mayor tolerancia. Además, indicó que la normativa saca la pena de prisión y sólo aplica multas cuando se comprueba una actuación con "real malicia".
La radical Silvana Giudici, presidenta de la comisión de Libertad de Expresión, se quejó de que el oficialismo desoyera a la oposición y que no hubiera tomado en cuenta trabajos anteriores de la comisión que preside. "Otra vez estamos frente a un proyecto del Poder Ejecutivo sin poder conformar ni enriquecer el texto, otra vez el oficialismo optó por el atajo", reseñó.
La propuesta, promovida por el Poder Ejecutivo, elimina la posibilidad de considerar delitos de calumnias o injurias a las expresiones referidas a asuntos de "interés público". De esa manera, elimina la posibilidad de cualquier acción destinada a limitar la libertad de expresión en el caso de investigaciones periodísticas vinculadas al manejo de la cosa pública. (DyN)
La kirchnerista Nora César, presidenta de la comisión de Legislación Penal, explicó que la norma que modifica el capítulo del Código Penal referido a los "delitos contra el honor" es una obligación que pesa sobre el Estado argentino.
A su turno, la oficialista Diana Conti recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado argentino por el caso de Eduardo Kimel, un periodista condenado en forma penal y civil ante la denuncia de un juez. La diputada aclaró que la ley no protege a los funcionarios públicos y que, en realidad, les exige una mayor tolerancia. Además, indicó que la normativa saca la pena de prisión y sólo aplica multas cuando se comprueba una actuación con "real malicia".
La radical Silvana Giudici, presidenta de la comisión de Libertad de Expresión, se quejó de que el oficialismo desoyera a la oposición y que no hubiera tomado en cuenta trabajos anteriores de la comisión que preside. "Otra vez estamos frente a un proyecto del Poder Ejecutivo sin poder conformar ni enriquecer el texto, otra vez el oficialismo optó por el atajo", reseñó.
La propuesta, promovida por el Poder Ejecutivo, elimina la posibilidad de considerar delitos de calumnias o injurias a las expresiones referidas a asuntos de "interés público". De esa manera, elimina la posibilidad de cualquier acción destinada a limitar la libertad de expresión en el caso de investigaciones periodísticas vinculadas al manejo de la cosa pública. (DyN)
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