La historia se repite. Luego de los procesos electorales, los gobernantes deciden avanzar con medidas impopulares de alto impacto social. Sucedió en 2007 y puede pasar a fines de año: el Gobierno aumenta el impuesto Inmobiliario por efecto de la aplicación del revalúo catastral. La medida en sí es justa, porque se trata de actualizar las valuaciones de inmuebles que, hoy por hoy está cuatro veces o más por debajo del valor de mercado. Sin embargo, no es el elemento justicia el que se pone en tela de juicio, sino la oportunidad en que se quiere aplicar la suba de impuestos. Sabido es por el Poder Ejecutivo que Tucumán no ocupa un lugar preponderante en materia de ingresos del sector registrado de los trabajadores, el que tiene más posibilidades de pagar regularmente los impuestos, porque todos los meses puede recibir un sueldo.
La Provincia ha pasado a ocupar el último lugar en el ranking nacional que, más allá de las asimetrías regionales, resulta ser un lugar incómodo para cualquier gestión. Y esto fue el resultado del informe difundido hace algunas semanas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que reveló que el salario promedio de bolsillo de un asalariado en blanco de Tucumán ascendió a $ 1.945 mensuales, al segundo trimestre de este año. El poder adquisitivo de los empleados registrados está muy por debajo del nivel de la media nacional ($ 2.947).
El Gobierno necesita fondos. Y eso nadie lo duda. El mismo argumento puede ser usado por cada uno de los intendentes, con lo que el efecto de la suba del impuesto Inmobiliario puede ser imitada por los municipios (a través del reajuste de las Contribuciones que inciden sobre Inmuebles -CISI-), con todo el incremento de la presión fiscal que ello implica. Los médicos padecen esa suerte de sequía monetaria declarada por el propio gobernador José Alperovich. Sin embargo, hay tiempo para jugar a las internas. El mandatario abrió una sorda pelea con el intendente Domingo Amaya, que también necesita la gran mano financiera del Poder Ejecutivo para poder gestionar. Otro frente de tormenta política se abrió en el horizonte alperovichista. Sin embargo, hay muchos que piensan que esa pelea política no es más que una cortina de humo, propia de tiempos complicados en los que se necesita desviar la atención de la sociedad. Cierto o no, los enfrentamientos no le sirven al ciudadano, tal vez sí al político en su afán de posicionarse en el centro del poder y de cara a lo que pueda suceder en las elecciones de 2001.
Está claro que Alperovich no tuvo ni tiene contrapeso político. Su lógica es él y luego el resto. Sin oposición firme, el gobernador necesita un sparring porque la confrontación está en la naturaleza del político. Sucedió en otras gestiones, pero con los vicegobernadores. Desde hace seis años, eso no pasa porque los vice del mandatario fueron leales. En el caso de Amaya es distinto porque tiene grandes aspiraciones electorales de cruzarse de la intendencia hacia la Casa de Gobierno. No obstante, el intendente difícilmente se convierta en el Raúl Topa de la gestión de Antonio Bussi o en el Julio Díaz Lozano de la administración de Ramón Ortega, por mencionar casos más recientes de diferencias en el poder. Y eso está relacionado con la dependencia financiera. Mientras tanto, los impuestos suben, los precios de los principales artículos de la canasta familiar se reajustan y, por ende, la inflación se come el poder adquisitivo del salario.

Quejas por doquier
A la Dirección General de Rentas no le va tan mal. Promedia un incremento interanual del 20% en sus niveles de recaudación, con bajo impacto de la moratoria que concluyó y en un momento que se caracterizó por los efectos de la recesión. La actualización de normas tributarias le ha permitido a la gestión de Alperovich sostener el cobro de Ingresos Brutos, más allá de la frontera provincial. Los empresarios dicen que la presión fiscal sigue creciendo en esta parte del país, pero ni ellos ni los profesionales de cada distrito de la zona pueden terminar aún aquel prometido informe comparativo sobre la carga tributaria en el NOA.
La carga previsional entre los asalariados, en tanto, crece en función de los ingresos, con lo cual -en cierta medida- se licúan los aumentos por efecto del reajuste impositivo. Un informe elaborado por el Instituto de Análisis Fiscal da cuenta que un trabajador formal debe trabajar entre 163 y 167 días para el Estado con la carga  existente. En otras palabras, dice el diagnóstico, la carga fiscal asciende -en promedio- al 50% de los ingresos si se toman en cuenta la incidencia de los tributos (a nivel nacional, provincial y municipal).
"Uno como gobernador no debe hacer lo oportuno o lo inoportuno", declaró Alperovich, al defender su decisión de avanzar con la suba del impuesto Inmobiliario. La teoría define al costo de oportunidad como el precio que tenemos que pagar por tomar una decisión determinada y no haber escogido otras alternativas que pudieran haber representado una mayor ganancia. El tiempo dirá si Alperovich fue oportuno en su decisión.