Una pesada carga sobre las espaldas

La pesada herencia. Una mochila de plomo. Un condicionante de gestión. La deuda pública ha sido, desde tiempos remotos, eso y mucho más para los gobernadores tucumanos. Pocos han podido dominar el peso del endeudamiento público. Desde la intervención federal de 1991 hasta esta parte, la deuda fue creciendo como una inmensa bola de nieve que sepultó buenas intenciones de gestión. Hasta hace muy poco tiempo, si uno revisaba cada ítem de lo que el Estado le debía a sus acreedores podía observarse la existencia de compromisos por aquellas viejas máquinas rusas que alguna vez vieron los tucumanos.
Hasta hace una década, la estructura del pasivo tucumano encontraba a cientos de acreedores haciendo cola por quedarse con una parte de la coparticipación, esos recursos que genera la recaudación nacional y que luego se redistribuyen a las provincias a través de ciertos índices. Hoy, la situación ha cambiado rotundamente. Fruto de la debacle de fines de 2001, la Nación debió salir al salvataje de las provincias a través de millonarios créditos que sirvieron, entre otras cosas, para encarrilar el rumbo financiero de los 23 distritos del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El endeudamiento de las provincias creció en casi $ 18.000 millones desde que los Kirchner gobiernan la Argentina. Ante el cierre de los mercados voluntarios de crédito, los gobernadores debían apelar a la ayuda federal para hacer frente a sus obligaciones financieras. Hoy están pagando el costo político de tanta concentración de un endeudamiento en un solo acreedor.

Se multiplicaron
En el caso tucumano, los $ 3.000 millones de endeudamiento público existente a 2003 se han convertido en $ 4.500 millones, de los cuales, casi el 90% encuentra al Gobierno nacional como principal acreedor. En su momento, el Poder Ejecutivo había proyectado que la deuda pública podría llegar a cancelarse en 2018 (con una erogación neta de $ 5.631 millones). Esa idea es, actualmente, una utopía. Lo dio a entender el propio gobernador José Alperovich, quien prefiere refinanciar las deudas más que sentarse a discutir nuevos índices de coparticipación federal de impuestos. Lo primero está contemplado en el proyecto de Presupuesto Nacional, con financiamiento extra para gastos corrientes y hasta con la asistencia del Plan de Ayuda Financiera, con los que se podrían saldar los $ 500 millones de vencimientos previstos para 2010. Es la salida más ventajosa, insiste el gobernador de la provincia. Sucede que si Alperovich se pone en la fila de los mandatarios con intenciones de reformar el sistema tributario argentino, pondrá en riesgo su gestión. Es el costo de haberse convertido en rehén financiero de la Nación. El mandatario insiste en que ninguna provincia querrá ceder parte de su porción coparticipable, pero nada dice sobre la necesidad de coparticipar, por caso, lo producido por el impuesto al Cheque o ampliar el reparto de las retenciones a las exportaciones de granos.
Como están dadas las cosas, al Gobierno le llevará bastante tiempo en reducir el endeudamiento. Por ejemplo, el crédito tomado a través del Programa de Unificación Monetaria, para rescatar los Bocade, se saldaría dentro de tres años y medio.
 Alperovich necesita sacarse el peso de la deuda y captar todos los fondos que lleguen desde la Casa Rosada, en un año de fuertes decisiones políticas para continuar gobernando Tucumán o proyectarse en una suerte de aventura para integrar alguna fórmula presidencial. El Gobierno provincial sigue confiando en las transferencias discrecionales a las que le acostumbró la gestión kirchnerista durante los años de vacas gordas, pero ninguno de esos giros tendrá como destino encarar grandes obras de infraestructura.

Proyecciones
Para el año que viene, la Nación proyectó la transferencia de fondos coparticipables por un total de $ 4.000 millones, casi un 60% de lo que se proyectará como ingresos en el Presupuesto 2010. La elaboración de esa iniciativa entró en la recta final. Hay posibilidades de que crezca el gasto corriente y, como contrapartida, disminuyan la inversión en obras públicas. Hay intenciones de que el próximo ejercicio sea superavitario en $ 30 millones, pero aún acecha el impacto que tendrá la crisis en los primeros tres meses de recaudación de 2010. Hay una necesidad de incrementar el ahorro de un 15% (el promedio mensual de este año) a un 20% (para el año que viene), pero no se sabe si habrá decisión política de aplicar el bisturí. La incógnita será la política que adoptará el Poder Ejecutivo respecto de los municipios que han acrecentado exponencialmente su endeudamiento con la provincia y, por ende, restado margen de maniobra política. Así se desenvuelve la política, condicionada a los avatares financieros y a las distribuciones discrecionales de los recursos públicos.