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Hace tres días, el gobernador, José Alperovich, dio a sus colaboradores una de las señales más desconcertantes de los últimos tiempos: el miércoles se fue de la Casa de Gobierno, para no escuchar lo que los trabajadores autoconvocados de la salud le recuerdan semana tras semana. Los que conocen de estas lides por poco y se espantaron. La retirada del jefe del Ejecutivo era una indisimulable muestra de fatiga política: el conductor no pudo soportar otro miércoles en su despacho y prefirió irse a Monteros. Optó por tener el Ñuñorco de fondo antes que a los miles y miles de hombres y mujeres de la sanidad que, junto con los jubilados transferidos, tienen un planteo común: quieren que lo que ganan por mes deje de ser objeto de vergüenza ajena.
Tal vez se lo dijeron. O tal vez él se dio cuenta por sí mismo. Lo cierto es que ese mismo día, Alperovich invitó a los legisladores del bloque Tucumán Crece a cenar a su casa. Fue un asado para transmitir a los parlamentarios que al Gobierno no le tiembla el pulso en el conflicto de la salud. Es decir, para desmentir los hechos de la mañana con palabras nocturnas. Pero la comida sólo sirvió para ratificar que el alperovichismo atraviesa la primavera del desconcierto.

Marcha y contramarcha
Uno de legisladores que más habla en el recinto manifestó que debía organizarse una marcha para el 29 de octubre, con el loable fin de "celebrar" los seis años de la gobernación de Alperovich y con el inocultable fin de medir fuerzas con los que protestan. Lo disuadieron rápidamente: el argumento oficial consiste en que el conflicto con los autoconvocados se reduce a que el Estado no tiene plata, y ahí se queda. En otros términos, si la decisión de no acceder a sus demandas es netamente política, que no se note.
Después fue el turno de un legislador cuya voz rara vez se oye en las sesiones, y que dejó mudos a los comensales. Propuso que todos los que nombraron médicos y paramédicos en el Siprosa, los llamaran (uno por uno, aclaró) para pedirles que no hagan paro. Más de uno se atragantó.
El oficialismo no sabe cómo salir del atolladero. Y el propio anfitrión dijo que, en rigor, seguirán haciendo lo mismo que hasta ahora. Es decir, tratando de superar el problema por la vía del apriete: amenazas de que no renovarán contratos, descuentos salariales y denuncias para criminalizar la protesta. Y apostando que el tiempo y la persecución desanimen a los que marchan.

Piden pan, no les dan
Es el propio Gobierno el que condujo las circunstancias a un callejón sin salida. Porque el reclamo de los trabajadores de la sanidad no es político ni se politizó. Sus demandas, en todo caso, son de una simpleza alarmante.
Hay trabajadores que. por abocarse a atender la salud de los tucumanos, ganan $ 800 por mes. Hay médicos puestos a salvar  personas que cobran $ 1.500, como monotributistas y contra factura. Y hay enfermeras que prestan servicios por 120 horas mensuales y que, de bolsillo, reciben $ 1.000. Para ponerlo en perspectiva: si se considera que las consultoras privadas coinciden en que la canasta familiar básica en la Argentina (establece la línea de pobreza) cuesta $ 1.600 por mes, todos estos estatales que salvan vidas, todos los días, reciben del Estado, a cambio de esa tarea, remuneraciones para que sean legítimamente pobres.
Pero el Gobierno, que va a ejecutar $ 7.400 millones este año, dijo que no tiene plata. Lo mejor del caso es que no ha dado herramientas para confirmar que sea así. Y lo peor del asunto es que quienes deberían exigirlas, están de brazos cruzados.
En la comisión de Hacienda de la Legislatura no saben cuánta plata ejecutó la Casa de Gobierno. Menos aún, en qué la gastó. Y punto. No hay pedidos de informes. Ni hay invitaciones a funcionarios para que expliquen sobre eso que quienes deben controlarlos (como mandan la Constitución y la República) ignoran sin angustiarse. De hecho, tampoco saben cuál será el Presupuesto 2010 de la mismísima Cámara. A la respuesta la tenía Alperovich: el año que viene, va a darles $ 130 millones a los que no saben cómo administra el erario.

Los desenganchados
Ya se ha dicho que la versión en voz baja del poder político consiste en que si concede las mejoras laborales a los autoconvocados, después tendrá que concederlas al resto de los estatales. Ese argumento también es falaz: a diferencia de buena parte de la administración pública centralizada, los empleados del Siprosa fueron desenganchados del escalafón del Estado durante la intervención federal de 1991.
Antes, un director de hospital tenía categoría 24, un jefe de sala tenía categoría 21, y un médico tenía categoría 19. En ese mismo "antes", el gobernador ganaba el 90% de la remuneración de un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y un legislador ganaba el 90% de la retribución del mandatario. Pero ellos también se desengancharon.
Ahora, los funcionarios no tienen ancladas las remuneraciones: Alperovich las sube por decreto. Los parlamentarios, igual: ya no tienen "dietas" sino "remuneraciones" que el vicegobernador -como ocurrió- incrementa a su arbitrio. Para qué hablar de los gastos sociales: en la ya ventilada reunión de bloque de agosto, plantearon que debían aumentar $ 10.000 a los más de $ 50.000 que percibían algunos.
Así que la cuestión de los aumentos no es entre estatales sino entre desenganchados. Y los hay VIP, que son los que gobiernan y ganan salarios de cinco cifras: y los hay pobres: los gobernados.
Lo que el gobierno no quiere, en realidad, es descolocar a los gremios que ya han sido desautorizados por los trabajadores. Por eso, y a modo de empezar a fragmentar la protesta, estudia darle a los escalafones más bajos el aumento que los autoconvocados reclaman en la plaza, pero en nombre de ATSA y en virtud de un acta que, ahora se acuerdan, habían firmado alguna vez.
Lo único que comienza a asomarse con alguna claridad en esta crisis es que el conflicto de la salud parece consumir todos los esfuerzos del Gobierno. El gobernador, de hecho, o habla de los autoconvocados o no habla con la prensa. Y mientras el Gobierno juega a hacerse el guapo con sus empleados, comienzan a aflorar muchos problemas en Tucumán.

La mala hora
La democracia pavimentadora sufre un preinfarto. El oficialismo ya admitió que hay obras que no podrá hacer y otras con las que está en deuda. Debe aplanar la curva de insersión en trabajos públicos. Traducido, hay constructores (muchos) a los que, recién durante esta semana, les pagaron los certificados de obra correspondientes a mayo.
La situación está tornándose insostenible para el sector: un empresario que tiene tres frentes de obra abiertos, tiene gastos por unos $ 2 millones mensuales. Y si, ante la demora de fondos nacionales, debe recurrir a la banca oficial, le adelantan dinero por el monto de la certificación de la obra, pero como giro en descubierto: pagan un 26% mensual, aproximadamente. Y eso, cuando la operatoria está funcionando. La situación, en consecuencia, es que o los constructores de Tucumán se harán franciscanos y tomarán voto de pobreza, o las obras públicas experimentarán sobreprecios fenomenales para amortizar -entre otras cosas- el costo del retraso de las remesas.
El comercio también está pasándolo mal. El jueves, en un almuerzo para contados invitados brindado por la Federación Económica de Tucumán, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, advirtió (después de revelar que el 70% de los comerciantes de 126 ciudades argentinas declara haber ganado menos que en 2008) que se vienen las paritarias del sector. Era la hora de los postres pero los tucumanos se amargaron. Plantearon que la provincia y el NOA son discriminados. Tras marcar la obviedad de que el mercado regional no es igual al de la pampa húmeda (más grande y menos pobre), renegaron de que no reciben compensaciones por los fletes; de que es en Buenos Aires donde se definen los salarios del sector (sobre la base de los costos de vida de Capital Federal); y de que, a pesar de esas asimetrías, un empleador de Tucumán paga los mismos costos laborales que un empleador porteño. Pero el Gobierno no hace bandera con estos reclamos ante la Nación: sólo hace flamear la presión fiscal.

La hora de las agendas
De manera más pública, el sociólogo Manuel Mora y Araujo explicó el jueves en al auditorio de la FET que, según una encuesta que acaba de realizar, la pobreza es hoy una de las grandes preocupaciones argentinas (34%), debajo de la delincuencia (59%) y de la desocupación (50%). "Esa es la agenda de la sociedad", definió. Y no le gusta al kirchnerismo. Justamente, alertó que el pueblo cambia la agenda, pero los gobiernos no. Raúl Alfonsín seguía hablando de democracia cuando en la hiperinflación. Carlos Menem seguía enarbolando la convertibilidad cuando los argentinos lloraban la desocupación.
Acaso el alperovichismo deba actualizar su agenda. Es decir, los tucumanos no comen asfalto. Pero en un contexto en el cual la economía está estancada, en el que creció el desempleo y cayó la creación de puestos de trabajo, y en el que nadie cree que hay menos pobres y todos asumen que la inflación es mayor, el Gobierno contesta las demandas de sus trabajadores diciendo que las obras de esta gestión están a la vista. El asunto es que los tucumanos ya han agradecido en las urnas -varias veces- que el Estado se reactivara. Pero las preocupaciones, hoy, son otras. Se lo están gritando en la plaza.
Complementariamente, Mora y Araujo mostró que los comerciantes, los industriales, los intelectuales y los periodistas están entre los sectores mejor vistos por la sociedad, mientras que los de peor imagen son los gremialistas, los políticos, los militares, los banqueros y -sorpresivamente- los sacerdotes y los obispos. Este último dato acaso explique por qué el clero tucumano decidió intervenir activamente en el conflicto de la salud. Y tal vez aplaque la desconfianza de algunos hombres del Ejecutivo respecto de esa determinación.
Según el especialista, el país vive una instancia en la cual la sociedad reivindica a los que producen (bienes y servicios) y cuestiona a los que no lo hacen. Linda coyuntura eligió el alperovichismo para embestir contra los productores de la salud pública.
El conflicto con otros productores, los del campo, le cuesta aún hoy al kirchnerismo altos índices de desaprobación y de pesimismo en la sociedad. Por supuesto, como explica Mora y Araujo, hay Estados que son perfectamente gobernables a pesar de esos indicadores. Pero hay otros que no.