Las malas estadísticas pueden ser tan letales como los medicamentos truchos, advirtió en la edición de ayer Cynthia Pok, la ex directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec que, a fines de 2006, se negó a cambiar la forma de medir la pobreza y fue confinada por el Gobierno al ostracismo. No admitir una tasa de pobreza más alta puede llevar a muchos funcionarios a retacear presupuesto en sectores sensibles de la sociedad. Por caso, los comedores infantiles.
Con datos erróneas no sólo se intenta ocultar la realidad socioeconómica de un país que siente el golpe de la crisis. No hay nada malo en mostrar la vulnerabilidad social. Se trata del costo que pagan naciones con debilidades económicas frente a una economía global que ha soportado una de las peores crisis. "Si bien no podemos decir que estamos en Disney World, podemos afirmar que hemos sostenido un crecimiento", dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante empresarios convocados en Nueva York.
Los dibujos estadísticos que salen desde el organismo oficial pueden llegar a contrariar el pensamiento presidencial. Tal vez no tengan la misma calidad que las caricaturas de Disney, pero en el país nadie admite que la pobreza afecte sólo al 13,9% de los habitantes de la zona urbana. Tal vez el 30% del índice que marcan las consultoras se aproxime a la situación real, particularmente en zonas castigadas históricamente por la mala distribución de la riqueza, como son el NOA y el NEA.
El kirchnerismo sustenta la fortaleza de la política económica argentina en la acumulación de las reservas internacionales del Banco Central que, actualmente, superan los U$S 45.200 millones. ¿De qué sirven tantas reservas si el problema social en el país se profundiza? Esta pregunta se la formulan desde el ciudadano común hasta el más encumbrado economista. De hecho, esas divisas erigen la fortaleza fiscal de un país que, paradójicamente, ha minado su credibilidad no sólo por esa suerte de manipulación de las estadísticas, como denuncian los expertos, sino también por conductas políticas que atentan contra el crecimiento.

La foto tucumana
Tucumán no escapa a aquella crisis de identidad y de credibilidad que puso en jaque al Instituto Nacional de Estadística y Censos. El Gobierno se ha llamado al más profundo de los silencios para no contrariar las estadísticas nacionales, aun pecando de omisión. José Alperovich no sólo es un usuario de las estadísticas públicas. El gobernador se aferra a ellas como aquellos emperadores que recurren a oráculos para establecer qué pasos deben dar frente a grandes desafíos. Sin embargo, esos informes no trascienden y, cuando un dato provisorio se acerca a la realidad, manda callar a aquel oráculo.
La pobreza en Tucumán tiene un mayor impacto que lo que dice el Indec. Tal vez la cifra sea mayor que los 183.200 habitantes del Gran San Miguel de Tucumán que no pueden reunir los poco más de $ 1.000 mensuales para salir de los escalones más bajo de la pirámide social. Algunos ejercicios que llevan a presumir que la pobreza es mayor:
En el segundo trimestre aumentó la desocupación al 9,7%, con lo que 32.000 personas afirmaron que no tienen un puesto laboral.  
La actividad económica perdió 7.000 empleos respecto del año pasado.
El trabajo no registrado afecta a 104.600 asalariados tucumanos. Ese ejército de ocupados se sostiene en una vulnerable clase media baja.
Si se toma en cuenta que hasta agosto de 2006 la canasta básica total, que marca el límite de ingresos para que una familia tipo no caiga en la pobreza, estaba en $ 980, ¿cómo puede ser que tres años después sólo haya subido unos $ 30 a $ 40 con períodos de fuerte impacto inflacionario?
El cóctel que conforman las tres "i" (inflación, informalidad e inactividad económica) lleva a muchas familias a una caída en la escala social.
No hay parámetros públicos para establecer dónde está parado Tucumán. La Dirección de Estadística posee un equipo técnico lo suficientemente idóneo para elaborar todos los indicadores socioeconómicos. Esos mismos datos pueden darle mayor sentido a la Infraestructura de Datos Espaciales, ese sistema tecnológico presentado por la Secretaría de Planeamiento y que permite al ciudadano acceder online a cartografía, mapas socioeconómicos y otros datos estadísticos.
Las decisiones políticas no tienen la misma velocidad que la tecnología. En los hechos, pasaron nueve meses desde que el gobernador anunció a LA GACETA que Tucumán tendría su propio índice de precios al consumidor (IPC), ese que el Indec dejó de medir en abril del año pasado. La "niña  inflación" no alumbró todavía y, por lo visto, deberá esperar su tiempo, sencillamente por el condicionamiento o lealtad  política (usando la jerga oficial) de Alperovich hacia la Casa Rosada. Las buenas estadísticas hacen a la credibilidad de una gestión. Tucumán se merece tener datos propios antes que seguir siendo ciega, sorda y muda ante el poder central.