Piden a Alperovich que vete la expropiación de una casona

No sólo el texto aprobado por la Legislatura tendrá que leer el gobernador, José Alperovich, antes de decidir si promulga o veta el proyecto de expropiación de una casona de calle San Lorenzo al 300 para que el Tribunal de Cuentas (TC) pueda reutilizar sus cocheras. El mandatario deberá cotejar la iniciativa con una carta abierta que le redactaron los propietarios del inmueble, en la que reafirman su oposición a la intentona oficial.
El proyecto sancionado el jueves declara de utilidad pública y sujeto a expropiación a un inmueble céntrico de 350 metros cuadrados, cuyos fondos colindan con el estacionamiento del edificio en donde funciona el Tribunal de Cuentas (Congreso 180). Precisamente, el justicialista avanzó con la iniciativa a partir de un pedido de los vocales del organismo de control.
En sus argumentos, el autor del proyecto, José Alberto Cúneo Vergés, recordó que, cuando a partir de 2008 se convirtió en peatonal calle Congreso al 100, las siete cocheras que posee el tribunal en su sede quedaron inutilizables. Esta situación, adujo, generó trastornos operativos incalculables para los funcionarios que deben concretar trámites en las oficinas del tribunal. Por ello, concluyó, con la confiscación de la vieja casona, que será demolida, se podrá acceder a las cocheras en cuestión por calle San Lorenzo al 300. A la postura del legislador alperovichista se sumaron los argumentos del presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf. Este defendió el proyecto al decir que el organismo cuenta con los fondos suficientes para afrontar el costo indemnizatorio (según estiman, unos $ 600.000) y que en el lugar, además de un acceso vehicular, se construirán oficinas.
"La expropiación impulsada por el oficialismo para apropiarse de una propiedad privada atenta contra el derecho de todo ciudadano de poseer una vivienda y pone en riesgo la seguridad jurídica, violando principios inalienables consagrados en la Constitución Argentina", advierten en la carta Francisco Manganelli y su esposa, Julia Herrero.

Un despojo
En la misiva, los propietarios de la casa insistieron en que nunca fueron consultados por legisladores o por vocales del Tribunal de Cuentas. "El bien que poseemos fue adquirido con el esfuerzo y el trabajo de muchos años, tanto del matrimonio como de nuestras hijas, y hoy se ve avasallado. Se pretende despojarnos, amparados en una ley que no tiene fundamentos válidos ni coherentes, confiscando el Estado un patrimonio familiar", cuestionaron.
Los Manganelli añadieron que no tienen interés en desprenderse del inmueble, ya que aspiran a remodelarlo -respetando la fachada- para que sus tres hijas (a cuyo nombre, en condominio, está registrada la propiedad) puedan vivir allí con sus respectivas familias.
"Señor gobernador, usted no puede permitir este avasallamiento contra nuestros sueños y planes sólo por el capricho de tres miembros del Tribunal de Cuentas de contar con 'cocheras privadas'. Además, la ley sancionada no se ajusta a un bien público. ¿Uso de bien público es construir cocheras? ¿ Dónde está en este caso el bien público? ¿Qué parte de la comunidad se beneficia? Usted siempre afirma ser el principal defensor de los derechos humanos y de la justicia social. Como familia le pedimos que vete esta perniciosa ley", sentenciaron.