Derogarán los delitos de calumnias e injurias

Derogarán los delitos de calumnias e injurias

La Presidenta anunció que el Gobierno nacional promoverá el cambio en la legislación que castiga a los periodistas. Cristina Fernández de Kirchner aseguró que, en ningún período de gobierno anterior en la Argentina, se pudo hablar con mayor libertad que durante su administración.

PROMESA. Cristina dijo que defenderá la libertad de decir lo que uno quiera. NA PROMESA. Cristina dijo que defenderá la libertad de decir lo que uno quiera. NA
12 Septiembre 2009
BUENOS AIRES.- El Gobierno envió al Congreso nacional un proyecto de ley para suprimir el delito de calumnias e injurias en materia de libertad de expresión. El anuncio fue realizado por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
"En la actualidad, la Argentina es un país donde la libertad de expresión y de prensa es tal vez más absoluta que nunca", afirmó.
La idea es derogar del Código Penal el título de los "delitos contra el honor", en lo que refiere a los periodistas, que hoy tienen penas de prisión y multas.
"Aún a costa, muchas veces, de soportar cuestiones que tienen que ver con mentiras o con cuestiones que no son ciertas, prefiero mil millones de veces (escuchar o leer) mentiras antes que ser la responsable de haber cerrado la boca de alguien", subrayó la jefa de Estado.
Fernández de Kirchner hizo el anuncio por cadena nacional de radio y televisión durante un acto en homenaje de la visita histórica que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Argentina durante la última dictadura militar. El acto se ayer se realizó en el predio de la ex ESMA, hoy Museo de la Verdad.
En cuanto a la supresión del delito de calumnias e injurias y más allá de la iniciativa del Ejecutivo, en este momento hay en el Congreso siete proyectos de ley al respecto, tres de ellos presentados por legisladores del oficialista Frente para la Victoria -dos de la diputada Diana Conti y uno de la senadora salteña Sonia Escudero- y cuatro por la oposición.
La CIDH falló en mayo de 2008 en favor del periodista argentino, Eduardo Kimel en la apelación que presentó éste contra el Estado, a raíz de que en 1995 fue condenado por la Justicia a un año de prisión en suspenso y al pago de una indemnización de $ 20.000, porque se lo encontró culpable de los cargos de "calumnias e injurias" contra un juez, al que mencionó en su libro "La masacre de San Patricio".
En el acto de ayer, Fernández de Kirchner remarcó que con este proyecto de ley que propicia se pretende garantizar aún más la libertad de expresión y enfatizó: "dudo que haya habido otra etapa en la vida institucional del país, donde se haya podido hablar con la mayor libertad que en la etapa que me ha tocado gobernar a mí".
"Desafío a cualquier archivo, a cualquier memoria, a cualquier prueba, que no ha habido mayor libertad para hablar de las autoridades del país que en el gobierno de la primera presidenta mujer de la República Argentina", agregó.
La jefa de Estado prometió "defender la libertad para poder decir lo que uno quiera y piensa, aun cuando sea mentira, pero tener el derecho a decirlo y que nadie pueda ser cercenado, no sólo en la libertad de palabra sino en la libertad personal y física por expresar lo que siente". (DyN)

La Argentina cumple con un fallo de la CIDH
El abogado Oscar Flores, docente de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, opinó favorablemente respecto de la iniciativa de ley anunciada por la Presidenta.
"Deduzco que el proyecto anunciado por el Gobierno nacional busca cumplir con el fallo que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2008", planteó el académico. "La iniciativa respecto de la figura de calumnias e injurias, se remite a la sentencia contra el gobierno argentino dictada por la CIDH, instándolo a dejar sin efecto, en un plazo de seis meses, la condena penal impuesta al periodista Eduardo Kimel, que criticó la actuación del ex juez Guillermo Rivarola en la investigación de la denominada 'masacre de los palotinos'", explicó.
"Cuando se trata de despenalizar las críticas políticas y sobre la actuación de los funcionarios, es a los fines de que proteger la labor de los periodistas y de los medios de comunicación", dijo Flores, destacando la validez de la iniciativa anunciada por la jefa de Estado.


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