El lento y progresivo aumento de la gula fiscal

La presión fiscal en nuestra provincia se fue incrementando en forma permanente en los últimos años, vía aumento de alícuotas, modificación de bases imponibles, eliminación de exenciones o incremento de las valuaciones fiscales.
En el impuesto a los Ingresos Brutos se puede señalar la eliminación de la alícuota 0; la baja de la exención de la gravabilidad de los alquileres de tres inmuebles a uno y sólo para persona física con destino a vivienda; la modificación de la base imponible para la distribuciones mayoristas; y recientemente -una norma de muy dudosa constitucionalidad-, el gravar con ingresos brutos la cesión gratuita de inmuebles sobre una renta presunta que llega al 10% de la valuación fiscal del inmueble y a una tasa del 11% para propiedades que no tengan como destino vivienda. Es decir más del doble de la alícuota establecida para alquileres con contrato. Se ha instaurado un sistema de retenciones y de percepciones en la fuente (por depósitos bancarios, por compras, por pagos, etcétera) llegando en algunos casos a tener más de tres retenciones por la misma operación. A la vez, se aumentaron las alícuotas.
El impuesto Inmobiliario se incrementó sensiblemente, ya que se triplicó en algunos casos la valuaciones fiscales y se disminuyó a la mitad (del 20% al 10%) el descuento por pago al contado. Aumentaron, además, las sanciones por multa y por clausura y se establecieron nuevas, como el decomiso. En épocas de recesión el Estado debe tener políticas activas anticrisis, y el aumento de la presión fiscal sin duda va en dirección opuesta. Expertos han estudiado este tema concluyendo que superado el límite de la óptima presión fiscal comienza la evasión a  manifestarse con mayor insistencia, ratificándose la ley de resistencia fiscal creciente, de Gerloff, llegando en algunos casos a disminuir el rendimiento de los tributos cuya presión fue aumentada. Las actuales circunstancias exigen al Estado la reformulación de un sistema tributario que proteja a las PyME, que garantice seguridad jurídica como forma de promover las inversiones en la provincia lo que ocasionará un incremento genuino de la recaudación.