El día después del 31 de agosto, cuando la vencerá la moratoria de la AFIP, no muta en absoluto, lamentablemente, el difícil escenario económico-fiscal del país. La norma de regularización es un remedio en 120 dosis mensuales que podrá calmar el dolor del contribuyente pero que por su largo tratamiento no mitiga en nada la enfermedad fiscal del Estado. Aumentar la ya maximizada presión fiscal no es recomendable y dentro del actual marco recesivo sería un dislate. Los actuales tributos y tasas en los estratos nacional, provincial y municipal bastan y sobran. Cumplirlos exactamente es imposible.
Ello no obsta necesarias e inmediatas modificaciones. Por ejemplo, bajar drásticamente la alícuota del IVA para los artículos de la canasta familiar ampliada, favoreciendo los sectores de menores recursos y a la vez recuperando ingresos por el mayor consumo atento el diferencial impositivo.
También es procedente una reducción del impuesto a las Ganancias que gravan la cuarta categoría (rentas del trabajo personal) hasta que deje de constituirse en un impuesto a la renta para convertirse en un gravamen al trabajo.
El desempleo del orden del 12% que representan 1,8 millón de personas y la pérdida en el año de 235.000 empleos en blanco y la proliferación de la informalidad por razones de necesidad imponen una baja de obligaciones previsionales, pero con observancia irrestricta de su afectación específica. Por el contrario, debería incrementarse el impuesto a las Ganancias respecto de los beneficios extraordinarios de los privilegiados que explotan por gracia gubernamental, los juegos de azar. Con la economía en tobogán, y la recaudación en paralelo, la AFIP deberá focalizar sus labores de control y de fiscalización en aquellos nichos de evasión, aun vírgenes, que se evidencian por la aparición de gigantes patrimonios amparados en pseudo regulaciones o mixturadas en manifestaciones de la corrupción estructural. Por ejemplo, evitar el dispendio de esfuerzos en operaciones de cambio de bagatela y fiscalizar conjuntamente con el BCRA a aquellos bancos del sistema que audazmente tienen instaladas sus cuevas para operar marginalmente. En resumen, la AFIP tiene la capacidad para mantener la recaudación en estos tiempos sin auxilio de mayor presión.
Es urgente para la salud de la república y de los contribuyentes el advenimiento de la demorada reforma tributaria para incentivar la inversión, las políticas proactivas, erradicar los impuestos distorsivos que empecen la ecuación económica y que haga honor a los preceptos constitucionales de igualdad y equidad y los atributos de simplicidad y economicidad. Así será más fácil cumplir que evadir.

Blanqueo
Respecto de la repatriación de capitales, el instrumento del blanqueo instaurado no es benigno ni suficiente. Amparar el delito de evasión, delitos comunes conexos, delitos penales cambiarios, aceptar sin hesitación el mercado negro de divisas y hasta acoger a quienes van a seguir con sus fondos y bienes en el exterior, solamente se basa en el estado de necesidad (de alguien o algunos) que tiene cara de hereje, pero legislativamente es un poco tirar la honra a los perros.
La seguridad jurídica, la credibilidad y la institucionalidad son las premisas básicas para repatriación de capitales sin necesidad de blanqueo. El que llevó sus fondos del país por inseguridad, no los trae también por inseguridad. Los pésimos resultados crematísticos hasta el momento, dan fe de ello.
Ante el actual panorama nacional, el comportamiento de la política recaudatoria en las provincias pareciera que sigue la suerte del principal, aunque debe consignarse que la realidad histórica torna a la inversa el axioma: son las Provincias quienes dieron origen a la Nación, a quien delegaron determinadas facultades. Lamentablemente el sistema unitario fiscal no se compadece del sistema político federal de nuestra Constitución.
La violación a las normas de coparticipación; el incumplimiento de la cláusula transitoria que obligaba el dictado de nueva ley para antes de 1996; la exageración de superpoderes y el manejo discrecional de los excedentes presupuestarios provenientes de la infraestimación de recursos en la Ley Madre han impedido que las Provincias dispongan de lo que les corresponde para forjar un destino nacional de crecimiento. Así hay provincias que han debido refugiarse presupuestariamente en una mayor recaudación de sus impuestos locales, mientras que otras siguen en la espera de la mesiánica y esquiva coparticipación. Un estudio del alza acumulada interanual de primer semestre de 2009 ubica a Misiones con un 25,9%, a Tucumán con un 21,31%, a la Capital con un 18,45%, a San Juan con un 14,27%, a Santa Fe con un 12,79%, a Salta con un 5,95% y hasta a Neuquén y a Tierra del Fuego con índice negativo. Sólo Misiones, Tucumán y la Capital incrementaron su recaudación no sólo por efecto de la real inflación.