El 31 de agosto vencerán los regímenes especiales de blanqueo y  de facilidades de pago implementados por los gobiernos nacional y provincial. En plena retracción de la economía se espera una prórroga de ambas moratorias, para aligerar la disminución de la recaudación, pero los expertos avizoran un insoslayable escenario de endurecimiento de la presión fiscal.
Este razonamiento surge de un diagnóstico según el cual el Estado nacional y el provincial necesitan apuntalar la recaudación impositiva para cumplir el pago de la deuda, para sostener el superávit y para garantizar el pago de sueldos y la realización de obras públicas.
Los especialistas en política tributaria consultados por LA GACETA entienden que ambos gobiernos deberían promover en serio una reformulación integral del sistema impositivo, que, según dijeron, está lleno de distorsiones y de gravámenes injustos, lo que deriva en cuellos de botella como el que se viene: un Estado voraz, que no resigna recursos en beneficio de la economía, y contribuyentes ahogados por la política tributaria, naufragando en la recesión.
La Federación Económica de Tucumán (FET) ha presentado al gobernador, José Alperovich, y al intendente, Domingo Amaya, sendos documentos en los cuales reclama una serie de beneficios o de paliativos impositivos para que las empresas puedan sostener la competitividad y así enfrentar la desace- leración de la economía.
Inicialmente, funcionarios de la Provincia anticiparon que no bajarán los impuestos, pero Alperovich anunció el viernes que mañana recibirá a los empresarios de la FET en su despacho para analizar la situación. "Bueno, vamos a charlar, si me piden eso... todo puede ser", dijo el mandatario, consultado sobre la posibilidad de aliviar la carga fiscal. LA GACETA tuvo acceso al pedido que la FET formuló a Alperovich y a Amaya. En las misivas se efectúan planteos vinculados, por ejemplo, a la moratoria; a los impuestos Inmobiliario, Automotor, a los Ingresos Brutos, a la Salud Pública y a los Sellos; a la promoción de nuevos empleos; a las alícuotas del Tributo de Emergencia Municipal (TEM) y a las tasas sobre alumbrado público y sus bases de cálculo.