14 Julio 2009
Una antigua locución latina ha mantenido vigencia a lo largo de los siglos. "Res non verba" significa "cosas (hechos) no palabras. Los argentinos que somos amantes de las palabras, nos hemos acostumbrado a que frases rimbombantes como "llegaremos hasta las últimas consecuencias" o "no nos temblará el pulso en aplicar la ley", dichas con frecuencia por nuestros gobernantes, signifiquen todo lo contrario.
La quema de cañaverales es una antigua práctica antisocial que muchos cañeros efectúan para abaratar costos; la materia prima en pie o apilada en los cercos es incendiada para eliminar las hojas del tallo y así, ganar peso y productividad. En diversas oportunidades hemos reflexionado desde esta columna acerca de la quema intencional de cañaverales, de la casi ausencia de aplicación de la ley, de los perjuicios que ocasiona a la salud esta práctica legendaria que, por lo visto, está lejos de ser erradicada.
Como se sabe, la ley 6.253, en el artículo 38, prohíbe la quema de caña como método auxiliar de la cosecha. En enero de 2007, esta norma fue modificada por la ley 7.459, por la cual los ingenios están impedidos de recibir caña quemada. De acuerdo con un informe del Instituto de Ecología Regional (IER), de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNT, en 2005 se registraron 300 incendios. Si embargo, en lugar de disminuir estas prácticas ilegales, fueron en aumento: en 2008 se contabilizaron más de 800 quemas de cañaverales. El IER efectuó estos estudios a partir de imágenes satelitales obtenidas por el sensor Modis, que se encuentra a bordo de los satélites Terra y Aqua, de la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA).
En nuestro suplemento Rural del 3 de octubre pasado, técnicos de la Estación Experimental Agrícola "Obispo Colombres" (Eeaoc) señalaron que esta práctica tiene consecuencias negativas para la comunidad, porque perjudica la calidad de vida en las cercanías de las zonas productoras e ingenios. Además, genera serios riesgos de que los fuegos descontrolados afecten cañaverales vecinos u otros cultivos, la visibilidad de rutas y las líneas de energía eléctrica. A los productores también les genera perjuicios -afirmó un experto de la Eeaoc-, tales como pérdidas de azúcar cuando la quema se asocia al estacionamiento poscosecha, situación que se agrava aún más si la caña sufrió los efectos de la helada. Por otro lado, el fuego elimina la posibilidad de que retorne al suelo la biomasa vegetal e impide el aprovechamiento energético-económico de los residuos de cosecha. Según el especialista, en la actualidad es factible manejar los cañaverales sin el empleo de la quema. Por su parte el ex legislador, autor de la ley 6.253 sostuvo que 11 personas de cada 100.000 mueren por la contaminación atmosférica y agregó que el Gobierno reglamentó la ley con una trampa, porque puso un plazo de 20 años para erradicar definitivamente la quema y apenas se cumplieron cuatro. Criticó la falta de actitud del Ejecutivo.
El Gobierno sigue anunciando que efectuará campañas de concientización, que realizará controles sorpresivos en los canchones de los ingenios, con el objeto de detectar los ingenios que reciben caña quemada que fue cosechada con máquinas integrales. El defensor del Pueblo dijo que en muchos casos hicieron denuncias penales en las fiscalías de Instrucción y que si bien se llamó a declarar a los sospechosos, hasta el momento no se produjo ninguna condena.
Tenemos leyes, discursos, palabras, promesas, incremento de controles y todo sigue igual a lo largo de décadas. Habría que pasar de una vez por todas a los hechos, a las acciones, a las condenas. Sin educación ni castigo todo seguirá igual.
La quema de cañaverales es una antigua práctica antisocial que muchos cañeros efectúan para abaratar costos; la materia prima en pie o apilada en los cercos es incendiada para eliminar las hojas del tallo y así, ganar peso y productividad. En diversas oportunidades hemos reflexionado desde esta columna acerca de la quema intencional de cañaverales, de la casi ausencia de aplicación de la ley, de los perjuicios que ocasiona a la salud esta práctica legendaria que, por lo visto, está lejos de ser erradicada.
Como se sabe, la ley 6.253, en el artículo 38, prohíbe la quema de caña como método auxiliar de la cosecha. En enero de 2007, esta norma fue modificada por la ley 7.459, por la cual los ingenios están impedidos de recibir caña quemada. De acuerdo con un informe del Instituto de Ecología Regional (IER), de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNT, en 2005 se registraron 300 incendios. Si embargo, en lugar de disminuir estas prácticas ilegales, fueron en aumento: en 2008 se contabilizaron más de 800 quemas de cañaverales. El IER efectuó estos estudios a partir de imágenes satelitales obtenidas por el sensor Modis, que se encuentra a bordo de los satélites Terra y Aqua, de la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA).
En nuestro suplemento Rural del 3 de octubre pasado, técnicos de la Estación Experimental Agrícola "Obispo Colombres" (Eeaoc) señalaron que esta práctica tiene consecuencias negativas para la comunidad, porque perjudica la calidad de vida en las cercanías de las zonas productoras e ingenios. Además, genera serios riesgos de que los fuegos descontrolados afecten cañaverales vecinos u otros cultivos, la visibilidad de rutas y las líneas de energía eléctrica. A los productores también les genera perjuicios -afirmó un experto de la Eeaoc-, tales como pérdidas de azúcar cuando la quema se asocia al estacionamiento poscosecha, situación que se agrava aún más si la caña sufrió los efectos de la helada. Por otro lado, el fuego elimina la posibilidad de que retorne al suelo la biomasa vegetal e impide el aprovechamiento energético-económico de los residuos de cosecha. Según el especialista, en la actualidad es factible manejar los cañaverales sin el empleo de la quema. Por su parte el ex legislador, autor de la ley 6.253 sostuvo que 11 personas de cada 100.000 mueren por la contaminación atmosférica y agregó que el Gobierno reglamentó la ley con una trampa, porque puso un plazo de 20 años para erradicar definitivamente la quema y apenas se cumplieron cuatro. Criticó la falta de actitud del Ejecutivo.
El Gobierno sigue anunciando que efectuará campañas de concientización, que realizará controles sorpresivos en los canchones de los ingenios, con el objeto de detectar los ingenios que reciben caña quemada que fue cosechada con máquinas integrales. El defensor del Pueblo dijo que en muchos casos hicieron denuncias penales en las fiscalías de Instrucción y que si bien se llamó a declarar a los sospechosos, hasta el momento no se produjo ninguna condena.
Tenemos leyes, discursos, palabras, promesas, incremento de controles y todo sigue igual a lo largo de décadas. Habría que pasar de una vez por todas a los hechos, a las acciones, a las condenas. Sin educación ni castigo todo seguirá igual.
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