POLEMICA

Denuncian al Estado argentino por la detención de menores que delinquen

La presentación fue realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que para la legislación argentina los menores son inimputables.
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DETENCION. Para distintas organizaciones los menores no deben ser detenidos, de acuerdo a lo que prevé la legislación vigenten. LA GACETA

BUENOS AIRES.- Organizaciones de la sociedad civil denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las detenciones de menores de 16 años.

La denuncia fue impulsada por la Fundación Sur, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Xumek, quienes cuestionaron ante la CIDH las privaciones de libertad de las personas menores que, según argumentaron, "para la ley argentina son no punibles e inimputables".

Las organizaciones demandaron al Estado argentino "por la violación de los derechos de los niños a la libertad, a la integridad física y al debido proceso, entre otros derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño".

En su presentación alegaron que a pesar de la sanción de la ley 26.061 (de Protección Integral), el encierro sigue siendo la única medida de "protección" del Estado argentino para los niños, niñas y adolescentes pobres.

Además, solicitaron como medida cautelar el establecimiento de un mecanismo que permita el ingreso de distintos organismos públicos a todos los institutos de menores a los fines de efectuar inspecciones sistemáticas que permitan relevar las condiciones materiales de detención de los niños y adolescentes allí alojados.

La petición ante el sistema interamericano de derechos humanos se presentó luego de haber agotado todas las instancias de la justicia argentina, en especial, luego de que la propia Corte Suprema de la Nación, el 2 de diciembre del año pasado, rechazó el habeas corpus colectivo interpuesto a favor de los adolescentes no punibles privados de su libertad, y convalidó el decreto ley 22.278 dictado por la dictadura militar en 1980, que regula el régimen penal de la minoridad.

La Fundación Sur, el CELS y la Asociación Xumek solicitaron a la Comisión Interamericana que condene al Estado argentino y que lo inste a realizar las reformas necesarias para adecuar la normativa a los compromisos internacionales de derechos humanos. (NA)

La Fundación Sur, el CELS y la Asociación Xumek solicitaron a la Comisión Interamericana que condene al Estado argentino y que lo inste a realizar las reformas necesarias para adecuar la normativa a los compromisos internacionales de derechos humanos.
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