BUENOS AIRES.- El poco creíble fundamento oficial para el anticipo de las elecciones legislativas sostiene la necesidad de atender los desafíos que enfrenta el país frente a la crisis internacional y, por ello, la inconveniencia de tener que afrontar una extensa campaña electoral.
Como ya parece una costumbre, esta iniciativa del Gobierno obligará a repetir argumentos contradictorios a sus referentes, que en su momento defendieron como una mejora de la calidad institucional la reforma de 2004 que propició Néstor Kirchner y que ahora tendrán que fundamentar su cambio.
Uno de los defensores de aquel proyecto, el senador Miguel Pichetto, el 10 de noviembre de 2004 se refirió en la Cámara Alta a la iniciativa gubernamental de establecer una fecha fija de elecciones nacionales, como algo basado fundamentalmente con un criterio de ordenamiento institucional, de prudencia institucional. El jefe de la bancada oficialista agregó que en ese momento se propiciaba el proyecto de unificación de la fecha electoral porque es conveniente a los intereses del país para evitar el dispendio y para que no se tenga jaqueada a la comunidad con un debate electoral durante todo el año. Pero además, al señalar que será por única vez y con carácter excepcional, el actual proyecto deja la puerta abierta para otras manipulaciones, ya que en la Argentina eso significa todo lo contrario: probablemente, como otras medidas similares, el cambio propuesto se convertirá en algo habitual.
Si el fundamento del Gobierno fuera lógico, en Chile y en Uruguay, que tienen elecciones presidenciales y legislativas a fin de año, y campañas más largas, deberían hacer lo mismo. No lo hacen porque desde el punto de vista institucional son más previsibles que la Argentina, pues al igual que Estados Unidos sus constituciones establecen una fecha fija para las elecciones que alcanza a todos los cargos nacionales, con lo cual se impide que el gobierno de turno intente manipular la fecha de votación, según su conveniencia política.
Lamentablemente, los constituyentes de 1994 no tuvieron la misma previsión para la Argentina, ya que el artículo 95 de la versión reformada de la Constitución Nacional dispone, sólo para el presidente y vicepresidente, que la elección se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del Presidente en ejercicio, sin incluir el resto de los cargos electivos nacionales: diputados y senadores. En todo caso, está muy claro que el objetivo real de modificar el Código Electoral, en el que se establece que las elecciones se realizarán el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos, es evitar que el kirchnerismo sufra en esa fecha un importante contraste, pues para ese entonces podrían sentirse mucho más los efectos del desempleo y la pobreza. Pero no deja de ser paradójico que se pretenda modificar ahora una de las pocas leyes sensatas sancionadas con un amplio consenso durante el kirchnerismo. Alguien más coherente que Pichetto, ha sido su colega socialista Rubén Giustiniani, cuyo partido rechazó la propuesta de adelantamiento de las elecciones. En efecto, cuando se introdujo la reforma de la fecha en 2004, Giustiniani sostuvo que el sistema político argentino, como cualquier sistema político, necesita de un grado de racionalidad, de previsión y no de manipulación, como hemos estado acostumbrados en nuestra historia. En definitiva, esta iniciativa que pretende una vez más alterar las reglas del juego en la Argentina, arrima argumentos a quienes piensan que su puesta en marcha se debe a la mezquindad del Gobierno nacional, que así estaría demostrando su desprecio por la calidad institucional del país y, a la vez, que estaría reconociendo implícitamente las debilidades de su política económica. (DyN)