El insoluble problema urbano de los perros

El insoluble problema urbano de los perros

17 Diciembre 2008

La falta de prevención, el poco respeto por las leyes y por el prójimo, y la inconstancia en la aplicación de las normas y su correspondiente sanción son características de la idiosincrasia del tucumano. Una tragedia puede desatar una serie de promesas de la clase dirigente, pero una vez pasado el revuelo, todo vuelve a como era entonces. De ese modo, hay problemáticas urbanas crónicas como los perros vagabundos y aquellos peligrosos que tienen dueño, que se renuevan de tanto en tanto, cuando un can muerde a una persona.
En agosto pasado, un niño de un año y 10 meses murió tras el ataque de un rottweiler y una perra mestiza en su casa, en barrio Jardín. El episodio movilizó la opinión pública, a ediles y a legisladores, que ante una situación tan extrema parecieran haber tomado conciencia de que era necesario hacer algo al respecto. Mientras el debate se realizaba y se intentaba fusionar en uno solo varios proyectos legislativos similares, en octubre, en Lules, dos pitbulls atacaron a una niña de nueve años, a su madre, a un vecino y a la dueña de los animales.
Se supo entonces que hace 57 años, la preocupación por ordenar la población canina se había materializado en la Ley de Profilaxis de la Rabia, vigente desde 1953, que establecía la creación de un registro provincial de perros, que nunca se implementó. El 22 de setiembre pasado, los concejales capitalinos votaron a favor de la creación de un registro público de canes considerados “potencialmente peligrosos” y otro de criadores y adiestradores de razas como pitbull, rottweiler, dogo argentino y doberman, entre otros. Según la norma aprobada, los dueños de animales de estas razas deberán tener la documentación del perro, con un seguimiento de las vacunas y un examen psicológico. El 23 de octubre, la Legislatura sancionó una ley que regula la cría y la tenencia de perros potencialmente peligrosos. Se detallaron las razas afectadas y se fijó que el Estado puede secuestrar esos canes; que los criaderos deben tener normas de seguridad y que, cuando esos animales sean paseados, deben llevar bozal. Sin embargo, dos artículos referidos a los órganos de aplicación fueron vetados por el Ejecutivo. Según un legislador, el resto de la ley está vigente, pero sucede que las sanciones no pueden aplicarse porque no se ha determinado aún quién lo hará.
El domingo, un niño de un año y siete meses fue mordido en San Cayetano por un can que le cortó los dedos y los tendones de la mano izquierda. Según relataron sus familiares, el chico estaba jugando con dos primos. Al parecer, el pequeño tropezó, cayó y metió la mano por debajo del portón de una casa. Un perro que se encontraba en el interior lo mordió. Por su parte, el dueño del animal deberá someterse a un test psicológico.
Según el director del Instituto Antirrábico, hasta hace un tiempo se calculaba que había un perro cada cuatro personas en zonas urbanizadas. Pero hoy la relación ha cambiado porque, de acuerdo con los últimos censos, en los barrios periféricos de la capital hay un perro por cada dos personas.
Lo cierto es que hasta ahora casi nadie cumple las normas. A menudo se observa en los paseos públicos a personas que pasean a sus mascotas sin el bozal. Se hizo un primer operativo de concientización en una plaza y luego sobrevino la inacción. Las normas siguen sin tener un órgano de aplicación; tampoco se ha realizado una campaña sostenida de concientización, ni se ha creado aún un registro público. Mientras se piensa burocráticamente quién se responsabilizará por las normas, los ataques de perros se repiten. Será tal vez hasta que la víctima sea un funcionario, el intendente o el gobernador.

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