“Las subrogancias nacieron para que la Justicia funcione bien”

“Lo que buscamos desde el Poder Ejecutivo es que no haya conflicto desde los tres poderes y como se jubilaron muchos jueces, desde la Legislatura nació la Ley de Subrogancias, para que la Justicia funcione bien”, dijo ayer a la prensa el gobernador, José Alperovich, al justificar la Ley 8.136, que permite cubrir las vacantes del Poder Judicial con magistrados interinos.
El mandatario justificó la iniciativa apuntando que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia -que declaró inconstitucional la integración por decreto del Consejo Asesor de la Magistratura- “no dijo qué debíamos hacer”. “Por eso la Cámara -prosiguió- aprobó la norma, hasta tanto se llegue a una solución definitiva del tema, que aún no vemos”.
Alperovich espera, según dijo, que el máximo tribunal conceda el recurso extraordinario deducido por el Gobierno para que la Corte nacional pueda analizar la sentencia del alto tribunal provincial. “Si no lo hace iremos en queja a la Corte nacional”, adelantó.
Por otra parte, el mandatario expresó su preocupación por la situación económica y la necesidad de reducir los gastos en el Estado para atender los reclamos sociales. “Vamos a reducir los gastos del Estado”, apuntó.

Protesta en la plaza
Numerosas asociaciones convergerán esta noche, a las 21, en la plaza Independencia para protestar contra la ley que permita a los poderes políticos designar directamente jueces interinos sin un proceso de selección previo. Las organizaciones reclaman que los magistrados provisorios sean elegidos a partir de algún mecanismo que permita valorar la idoneidad y los antecedentes de los postulantes.
La marcha fue convocada por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput), a la que se adhirieron Sadop, el Grupo Alberdi; Tucumán No Se Vende (defiende el patrimonio provincial); productores agropecuarios; cámaras empresarias; Laicos en Política; Andhes; Estudios Sociales y Familiares de Víctimas de la Impunidad, entre otros.
Ayer se sumó la Escuela de Psicología Social, cuya directora, Josefina Racedo, alertó: “este no es sólo un problema de profesionales o de abogados. Afecta a todos, porque nos pone frente a una inseguridad cuando necesitamos legalidad y objetividad en la selección”.