23 Noviembre 2008
El origen de la decisión de citar como imputados a los ex policías Mario “Malevo” Ferreyra y Francisco Camilo Orce por violaciones a los derechos humanos durante los años 70 es la importante sentencia que emitió la Cámara Federal de Apelaciones, en setiembre, en la denominada megacausa “Campopiano”. Esta concentra la investigación penal relacionada con unas 80 víctimas que fueron vistas en cautiverio en el centro clandestino de detención que funcionó en los ex Arsenales Miguel de Azcuénaga.
En el pronunciamiento, los vocales Ernesto Wayar, Graciela Fernández Vecino y Marina Cossio de Mercau confirmaron los procesamientos que Daniel Bejas, a cargo del Juzgado Federal Nº 1, había dispuesto contra Antonio Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Albino Zimmermann y Alberto Luis Cattáneo. Pero, al mismo tiempo, efectuaron una minuciosa clasificación de las víctimas. A estas las agruparon en tanto estudiantes secundarios con participación política; integrantes de familias enteras desaparecidas; profesionales o empresarios; miembros de partidos políticos u organizaciones sociales o sindicales; jornaleros, obreros y empleados; estudiantes universitarios y docentes (con distinción de quienes tenían militancia política y por facultades); vecinos de La Florida, entre otras categorías.
En Ranchillos
Entre muchas otras sugerencias, en el fallo, los camaristas recomendaron a Bejas que citara como imputados a Ferreyra y a Orce, por su supuesta responsabilidad en una serie de delitos concretados en perjuicio de un militante comunista de Ranchillos, en el contexto de lo que la doctrina califica como desaparición forzada de personas.
Entre agosto y setiembre de 1976, una familia de Ranchillos sufrió incursiones de grupos armados, entre los cuales fueron reconocidos Ferreyra y Orce, según puede leerse en la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones.
Una de las víctimas luego fue identificada como uno de los detenidos clandestinos que había en los ex Arsenales. A partir de la recomendación de la Cámara Federal, Bejas había citado a Ferreyra a que declarara por supuesta violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad agravada, en el contexto de la desaparición del militante.
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