Diputados aprobó la despenalización del aborto en Uruguay

MONTEVIDEO, Uruguay.- El proyecto para despenalizar el aborto fue aprobado en general por la Cámara de Diputados de Uruguay, pero debe retornar al Senado por el rechazo a un polémico artículo que se refiere a que "los derechos sexuales y reproductivos son universales, intransferibles e inalienables".

La votación en general de la iniciativa se definió por apenas un voto: 49 a favor del gobernante Frente Amplio y 48 en contra por parte de los opositores Partidos Nacional, Colorado e Independiente.

Pero en la decisión en particular, el artículo dos fue rechazado por un voto y obligó a que la iniciativa vuelva al Senado que, ya lo había aprobado en noviembre de 2007, y que deberá decidir ahora si acepta o no los cambios introducidos por la Cámara Baja.

La negativa a ese punto fue sorpresiva porque no menciona la despenalización del aborto, que habilita a la mujer a decidir la interrupción de su embarazo durante las 12 primeras semanas de gravidez por situaciones de penuria económica, familiares o de edad, así como por razones de salud, malformaciones o peligro de la vida de la madre.

En el caso de que la Cámara Alta no avale el artículo, la norma pasará a consideración de la Asamblea General, que consiste en la reunión de ambos parlamentos.

Amenazas
El debate se desarrolló el miércoles bajo una amenza de excomunión, por parte de la Iglesia, contra los legisladores que votaron a favor de la aprobación. El arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, había dicho que iniciaría ese trámite de manera formal ante el Papa Benedicto XVI y el episcopado.

La legislación vigente en Uruguay, desde 1938, sólo admite la interrupción del embarazo en caso de violación o riesgo de vida de la madre, y preve penas de prisión para los autores de abortos, consentidos o no.

Según datos oficiales, en ese país se realizan anualmente 33.000 interrupciones de embarazos aunque en el ámbito judicial se estima que la cifra real es más del doble, a causa de la acentuada práctica clandestina.

La norma aprobada en general no cuenta con el apoyo del presidente Tabaré Vázquez, que es oncólogo de profesión, quien anunció poco después de asumir el cargo, en 2005, que vetaría cualquier ley que estableciera la despenalización.

El Poder Ejecutivo tiene 10 días para vetar el proyecto, una vez que el Senado lo sancione aunque, para ello, necesitará el acuerdo de los ministros de las carteras de Salud Pública del Interior, o un acuerdo en el seno del Consejo de Ministros. (Télam-Reuters)